OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La defensa de José Ramón Tamargo, condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo a 15 años de cárcel por matar a su mujer el 1 de febrero de 2007 en el domicilio conyugal de la calle Capitán Almeida de Oviedo, alegó hoy en su recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que su cliente sufrió un trastorno mental transitorio cuando apuñaló a su mujer.
"Los insultos y las amenazas que ella le profería, y la situación de que el acusado debería de abandonar la vivienda debido a la separación entre ambos le hizo entrar en un estado de arrebato y obcecación que le movió a cometer el crimen sin saber lo que estaba haciendo", señaló el letrado de la defensa, Ignacio Botas.
El recurso de apelación ante el TSJA quedó hoy visto para sentencia después de que la defensa presentase sus alegatos que fueron rebatidos por la acusación particular y por el ministerio fiscal.
Botas manifestó que tanto el acusado como la fallecida "se respetaban mutuamente" y que "los insultos de la mujer y el hecho de decirle que iba a meter hombres en casa desató en el acusado un estado pasional que hizo que cogiera un cuchillo de la cocina y le asestase varias puñaladas sin saber lo que hacía".
El abogado en este sentido destacó que los forenses informaron que las dos primeras puñaladas fueron mortales por lo tanto si el acusado "se hubiese dado cuenta de que ya estaba muerta habría dejado de apuñalarla".
Además, Botas argumentó también que no existe el agravante de superioridad ya que "no ha quedado totalmente acreditado que el hombre fuese superior físicamente a su mujer". "Tan sólo existe la declaración de uno de los hijos de la pareja", señaló y añadió que "no existen pruebas directas para aplicar este agravante".
Otro de los atenuantes que defendió hoy el abogado de José Ramón Tamargo fue el de reparación del daño causado, argumentando que el procesado envió desde prisión una carta a sus hijos pidiéndoles perdón y entregándoles un poder para que adquiriesen su vivienda.
Además, el letrado consideró "no ajustada a derecho" la indemnización de 57.879 euros que el acusado deberá pagar a cada uno de sus cuatro hijos. Y por último, solicitó la impugnación de todas las actuaciones.
ACUSACIÓN PARTICULAR Y FISCALÍA
Por su parte, la letrada de la acusación particular y el fiscal impugnaron todos los alegatos de la defensa. La abogada de la acusación sostiene que existió abuso de poder por parte del procesado ya que utilizó su fuerza física y además un cuchillo para terminar con la vida de su mujer.
Respecto al trastorno mental transitorio, la abogada argumentó que el acusado señaló en la vista oral que las puñaladas no fueron muy certeras porque "la mujer llevaba una faja y además se había girado para intentar huir", lo que "concluye que el acusado sabía lo que hacía", sostuvo la letrada.
Otra de las alegaciones de la acusación particular es que la pareja "discutía con frecuencia" por lo que "el acusado ya estaba acostumbrado a los insultos" y esta situación "no pudo haber sido el detonante para que cogiese un cuchillo y la apuñalase en repetidas ocasiones". "Si tuviera un trastorno mental transitorio tendría unos síntomas que no presenta", añadió.
Respecto a la carta que el acusado envió a sus hijos desde prisión y sobre la que la defensa alega la intención de reparación del daño causado, la letrada sostuvo que el acusado "intentó rebajar la condena" ya que "mostró arrepentimiento nueve meses después de los hechos y cuando ya estaba iniciado un proceso judicial contra él"
Por su parte, el fiscal especial de violencia de género, Gabriel Bernal, también impugnó todos los alegatos de la defensa. Respecto al agravante de abuso de superioridad, Bernal acusó a Ignacio Botas de "utilizar un recurso sesgado y parcial" en este sentido al obviar los hechos probados en la sentencia.
En cuanto a la reparación del daño causado, el fiscal coincidió con la letrada de la acusación particular y manifestó que la carta enviada desde prisión "fue una estrategia de defensa".