Magro pide que se extiendan los programas formativos de rehabilitación de agresores por violencia de género a todo el Estado
VALENCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las denuncias por violencia de género en España "aumentan de forma sostenida en el tiempo" desde la entrada en vigor de la Ley Integral en 2005, hasta el punto de que entre enero y agosto de este año se interpusieron "145 denuncias diarias". En este periodo, las demandas interpuestas por mujeres menores de 30 años alcanzaron el 41 por ciento, cifra que "ha ido subiendo año tras año".
Así lo aseguró hoy la delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, durante la inauguración del seminario 'Violencia contra las mujeres, ¿qué puede hacer el Derecho', que se celebra hasta el próximo 19 de octubre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia, en el que también intervino el presidente de la Audiencia Nacional de Alicante, Vicente Magro.
Orozco expuso una serie de datos acerca de este fenómeno con el objetivo de "evidenciar que no se han incrementado el número de muertes de mujeres por violencia de género desde la entrada en vigor de la Ley Integral" como, según dijo, se pretende hacer creer erróneamente. Por el contrario, afirmó, "se han incrementado las denuncias, las condenas, las medidas de protección y las medidas cautelares".
Para ello, se han incrementado los juzgados específicos de la mujer en un 418 por ciento, las unidades especializadas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en 117 por ciento, así como unidades de valoración forenses, allí donde el Estado tiene competencias, en un 150 por ciento, puntualizó.
Asimismo, Orozco señaló que en lo que va de año muere una media de 5,3 mujeres al mes pero incidió en que fue en el año 2004 cuando estas cifras alcanzaron "las más altas" cotas y "murieron seis mujeres mensualmente,", o lo que es lo mismo, cada mes había "3,8 muertas a manos de su pareja o ex pareja por cada millón de mujeres mayores de 18 años", apuntó.
A pesar de su exposición de cifras, Orozco manifestó que "la eficacia de la Ley nunca debe medirse por el número de muertes" sino por "la respuesta institucional en términos de mejora y la respuesta social ante las medidas que tomen las instituciones". En este sentido, destacó el papel de la Ley Integral y del plan de sensibilización que incluye y que "ha desarrollado ya el 70 por ciento de sus medidas", puesto que según dijo, "las jóvenes españolas apenas reconocen la violencia de género".
Ante esta situación, incidió en la "necesidad de profundizar y conocer los orígenes y las causas de la violencia de género", pues cuanto más se sepa sobre ella "mejor se podrá combatir" e hizo hincapié en su voluntad de "romper falsos mitos" que existen acerca de este fenómeno relativos a inmigración, edades o clases.
De este modo, la delegada especial del Gobierno señaló que "la inmigración no es la causa de que aumente este tipo de violencia". Por el contrario, subrayó que la tasa de agresiones de ciudadanos que provienen de otros países "ha descendido más de 10 puntos" aunque sí tienen cierto "sobreprotagonismo", matizó.
A su vez, continuó, las denuncias de mujeres extranjeras han aumentado, ya que este año interpusieron el 32,9 por ciento de todas las efectuadas en España. De hecho, señaló que las inmigrantes "tienen mayor autopercepción del riesgo" que corren ante la violencia de género que las españolas, y "acuden más a la tutela institucional", aseveró.
En cuanto a las edades, apuntó que las jóvenes españolas "no reconocen el fenómeno de la violencia" lo que convierte a las féminas de entre 20 y 30 años en el "grupo más numeroso" en cuanto a víctimas de malos tratos por detrás de las mujeres de entre 21 y 40 años que constituyen un 21 por ciento de las muertas por este motivo. Además, agregó que la violencia de género no entiende de "clases" ni para los agresores y para las víctimas.
Por otra parte, Orozco resaltó que durante los ocho primeros meses del año, un total de 5.988 mujeres contaban con medidas cautelares y 17.943 disponían de órdenes de protección. No obstante, de las 58 mujeres muertas en 2007, sólo 18 habían denunciado y aunque a todas se les concedió protección, a tres ya les había caducado y otra había renunciado porque volvió a convivir con su agresor.
Así, de las 12 que tenían protección en el momento de su muerte, en seis de los casos el agresor quebrantó la orden de alejamiento "con el consentimiento de la víctima", lamentó.
Por último, consideró que "las autonomías están aplicando la Ley Integral con absoluta normalidad y están desarrollando aquellos aspectos que les competen". Sin embargo, señaló ,"existen distintas velocidades a la hora aplicar los una determinada norma" pero aseguró que "eso no significa que se esté aplicando más en un ámbito de actuación y menos en otro" sino que "posibilitará la puesta en común de experiencias prácticas que ayudarán a avanzar y mejorar la respuesta institucional", previó.
REHABILITAR AL MATRATADOR
Por su parte, Vicente Magro subrayó la "importancia" de los programas formativos de entre tres y seis meses que reciben los maltratadores condenados a menos de dos años de prisión y sin antecedentes, con el objetivo de ser "rehabilitados" y que no vuelva a reincidir.
Por ello, solicitó que este tipo de programas, que se llevan realizando desde mayo de 2004 en Alicante, se extiendan también al resto de España y una manera "homogénea", ya que, según dijo, es "necesario que alguien le diga a estos maltratadores que lo que hacen es un delito y que han sido condenados aunque no hayan entrado en prisión".
El magistrado explicó que no se trata de sustituir las penas de cárcel por el programa formativo, sino que a aquellos que no van a entrar en prisión por no tener antecedentes y porque la condena es menor a dos años, "se les obligue al menos a asistir a estos programas para que reconozcan que son maltratadores", se les traslade el valor de la "igualdad" y se explique que "lo que no pueden hacer".
Además, de lo contrario, "la víctima no entiende que haya denunciado, se condene a su agresor y luego todo siga igual", apuntó. Magro, destacó "los buenos resultados" de esta iniciativa, tras la cual se ha visto que "reincide apenas un dos por ciento" de los agresores.
