MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia
sobre la Mujer propone las reformas legislativas oportunas para establecer, "sin lugar a dudas", que los condenados por asesinar a su pareja o expareja pierdan la condición de beneficiarios de una pensión de viudedad con efectos retroactivos al momento en que se comete el hecho objeto de condena.
"Resulta inconcebible que una persona que quita la vida a su cónyuge, ex cónyuge, pareja o expareja, pueda beneficiarse de la pensión de viudedad durante periodos a veces muy largos, hasta que es declarado culpable por sentencia firme, periodos que, incluso, podrían ser ampliados con maniobras dilatorias del procedimiento por parte del imputado", alerta el Ministerio Fiscal en su 'Memoria 2012', que recoge Europa Press.
Según explica, la "interpretación literal" de legislación actual lleva a la conclusión de que sólo en el momento en que sea declarada firme la sentencia condenatoria, se produciría la pérdida de la condición de beneficiario de dicha pensión. Sin embargo, la Fiscalía advierte de que esta lectura "lleva de nuevo al absurdo" de permitir que el culpable obtuviera beneficios económicos como consecuencia del delito cometido, lo que, a su juicio, "sería perverso y contrario a la prevención general".
Para esta institución, la "interpretación lógica" de la norma, debería llevar a entender que la pérdida de la condición de beneficiario se retrotrae al momento de la comisión del hecho, y por ello, la Administración debería suspender el pago de aquellas cantidades, desde el momento en que conste en este procedimiento una imputación fundamentada, a fin de evitar que el derecho a la restitución de las cantidades indebidamente abonadas (art. 45.2 de la Ley General de la Seguridad Social), se convierta en "papel mojado".
Por todo ello, también propone, para garantizar la actuación de la Administración en relación a la suspensión cautelar del abono de la prestación, que se modifique el Real Decreto 95/2009 a fin de incluir entre las funciones del encargado del Registro Central de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género la de comunicar al INSS, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos en los que se haya acordado la prisión provisional y la de aquellos terminados por sentencia condenatoria, aun cuando no sea firme.
"NO HAN DENUNCIADO, NO LAS PODEMOS PROTEGER"
El Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer destaca también en la Memoria de 2012 el "preocupante" número de mujeres asesinadas que no han denunciado a sus agresores, ya que de los 65 casos de muerte por violencia de género en 2011, la mayoría (49) no habían interpuesto denuncia alguna. "No han denunciado, no hemos podido protegerlas", lamenta el Ministerio Fiscal.
El bajo número de denuncias es un aspecto que se repite todos los años, pues en el último lustro el 70 por ciento de las víctimas mortales no acudió a la Policía. Pese a ello, la Fiscalía considera "sorprendente" el dato y subraya que "el fallecimiento de una mujer a manos de su pareja es el último acto de una espiral de violencia que durante sus vidas han padecido, y lo han sufrido en silencio".
Así, este organismo señala la necesidad de insistir en "concienciar" a las mujeres que padecen estos atentados a sus derechos fundamentales que "el camino" para terminar con ellos se inicia pidiendo ayuda a las Instituciones para que puedan actuar, "protegiéndolas y prestándoles la asistencia necesaria y sancionando al autor".
Respecto al descenso del número de asesinadas por violencia de género en España en 2011 (65) respecto al año anterior (79), la Fiscalía pide que esta cifra no debe interpretarse "en clave de triunfalismo", si se tiene en cuenta que 65 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas "se alza como cifra alarmante" en un país que, a su juicio, "lucha contra este fenómeno brutal y persistente".
