Alcalde de Almería (PP) dice estar "a favor" de indulto a dos empresarios condenados por agredir a tres magrebíes

Actualizado 04/02/2008 19:46:34 CET

ALMERÍA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP), expresó hoy en pleno su apoyo "personal" a la concesión del indulto a Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, dos empresarios de El Ejido (Almería) que cumplen condena de 15 años y medio en el centro penitenciario provincial de El Acebuche por agresión y detención ilegal contra dos ciudadanos marroquíes y uno argelino en 1997.

En el turno de ruegos y preguntas de la sesión ordinaria celebrada en el Palacio de Los Marqueses de Cabra y a requerimiento de la portavoz de la familia, Rodríguez Comendador aseguró estar "a favor" de la medida de gracia después de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias denegase el tercer grado el pasado mes de diciembre.

La portavoz de familia, que contó con el apoyo de una veintena de personas en el salón de plenos, interpeló al primer edil sobre su voluntad para llevar el caso "a instancias superiores y apoyar la solicitud de indulto" y éste remitió a la próxima Junta de Portavoces ya que, según argumento, cualquier resolución en un otro y otro sentido "debería producirse por unanimidad de la corporación".

En mayo de 2004 el Ayuntamiento de El Ejido aprobó por unanimidad plenaria la primera petición de indulto, avalada por más de 60.000 firmas de vecinos del Poniente almeriense. En enero de 2007, y tras casi un año y medio en prisión, se solicitó un segundo indulto, respaldado por un informe favorable del centro penitenciario, tal y como recordó hoy la familia, en el que los empresarios ejidenses ingresaron en agosto de 2005.

RESTO DE GRUPOS.

Otro asistente como público al pleno, quien se identificó como vecino de la barriada capitalina de El Alquián --de la que es natural Palenzuela--, requirió al portavoz del grupo municipal del PSOE, José Antonio Amate un posicionamiento claro, que éste declinó no sin antes dirigirse a la familia de ambos presos, a los que recordó haber hablado con ellos y transmitido su opinión.

En concreto, Amate alegó ser "representante de un grupo y de un partido" por lo que, según subrayó, no estaría "autorizado" a pronunciarse sin haber antes consultado al PSOE. "Yo represento --continuó-- a los ciudadanos. No estoy aquí como José Antonio Amate, sino como concejal electo".

Ambos empresarios gozan en la actualidad de tratamiento en segundo grado con el régimen de salidas conforme al artículo 100 del Reglamento Penitenciario, según el cual pueden salir de la cárcel tres días a la semana desde el pasado 29 de junio, aunque esta medida está pendiente de aprobación judicial.

La Junta de Tratamiento de El Acebuche (Almería) remitió el pasado mes de octubre a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias los informes en los que basaba su petición de tercer grado para los dos ejidenses en su historial penal y penitenciario, la integración en el centro, su personalidad y la evaluación del entorno al que los dos reclusos volverían a trabajar y vivir, destacando aspectos como su "buena conducta" y su "responsabilidad".

Contra la decisión adoptada en Madrid, la familia ha interpuesto recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Almería mientras que los letrados de la defensa tienen previsto formular una nueva solicitud de indulto al Ministerio de Justicia que irá acompañada de 180 firmas de reclusos del Acebuche de origen marroquí, quienes aseguran que "son buenos compañeros y excelentes personas" y que se solidarizan con la petición.

HECHOS.

En el año 2002, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería consideró probado en su sentencia que, en 1997, Palenzuela y Fernández secuestraron y golpearon a los tres inmigrantes de origen magrebí, a quienes consideraban responsables de hasta 17 robos en el negocio de venta de piensos del primero.

El fallo, que señaló a los dos acusados como autores de dos delitos de lesiones --castigados cada uno con cuatro años y seis meses de prisión-- y tres delitos de detención ilegal --con una pena de dos años de cárcel cada uno--, fue posteriormente ratificado, en marzo de 2004, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).