MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes 14 de marzo que existen "aspectos tan puntuales y concretos" en materia de protección a las víctimas como puede ser "la participación de los menores en el proceso judicial que requiere, sin duda, una revisión permanente, un estudio y análisis de las circunstancias en las que esta se produce".
Así lo ha puesto de manifiesto el titular de la cartera de Justicia, en la inauguración de la jornada de presentación del informe 'Estudio de Derecho Comparado: los derechos y protección de las víctimas en los procesos penales', en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
En su opinión, la atención de la sociedad española a las víctimas es un asunto "relevante" y España ha hecho los "deberes" en esta materia, con la aprobación de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito en abril de 2015, así como la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, en diciembre de ese mismo año. Así, ha puesto en valor la "protección especial" que la norma legislativa otorga a víctimas de delitos violentos contra la libertad social, con discapacidad, o de trata de seres humanos.
La investigación, impulsada por la Fundación Carmen Pardo-Valcerce y TrustLaw, realiza un estudio comparativo de varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) (Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania. Italia, Países Bajos, Portugal, Inglaterra y Gales, y España) en relación con los derechos y la protección que cada legislación interna brinda a las víctimas especialmente vulnerables.
De este modo, el 'Estudio de Derecho Comparado: los derechos y protección de las víctimas en los procesos penales' concluye que muchos de los países analizados han desarrollado disposiciones y protocolos específicos para la atención de las víctimas con necesidades especiales de protección, pero "la mayoría, sin embargo, se centra en menores obviando al resto de colectivos vulnerables".
MEDIDAS ADOPTADAS
Asimismo, el informe apunta que la mayoría de los países analizados, a excepción de Bélgica y Holanda han cumplido con el plazo de transposición establecido por la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, de forma que han adoptado "en mayor o menor grado" las medidas de protección.
La investigación refleja que, al llevar en vigor poco más de un año la obligatoriedad de adaptar el Derecho interno de cada Estado, existen "muy pocos datos o ningún dato" con respecto a su aplicación. No obstante, destaca "positivamente" los cosos de Italia, Inglaterra y Gales, y España que han reportado jurisprudencia o estadísticas en esta materia.
El 'Estudio de Derecho Comparado: los derechos y protección de las víctimas en los procesos penales' revela también que "prácticamente todos" los Estados miembros cuentan con iniciativas públicas y privadas para atender las necesidades de las víctimas de delitos, "especialmente cuando se trata de víctimas vulnerables, que ostentan todavía en la actualidad un gran protagonismo en lo que a la defensa de la protección y los derechos de las víctimas se refiere.
El acto ha contado con la presentida de la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcerce, Almudena Martorell; la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert; y José Raúl Celda, responsable de la apertura de la oficina de la Fundación Thomson Reuters en Europa para la implantación del programa TrustLaw (servicio de asistencia jurídica gratuita para ONG y empresas sociales) en Europa, Norte de África y Oriente Medio.
Durante la jornada, Martorell ha explicado que la Fundación que preside comenzó a trabajar con víctimas con discapacidad intelectual "alertada por el elevado número, en un inicio, de abusos sexuales", para después descubrir que eran víctimas "de todo tipo de delitos". "En seguida, a poco que aterrices, es fácil entender su vulnerabilidad", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que si se agranda "un poco la lupa" se puede observar que el problema radica en que se trata de colectivos en riesgo de exclusión.
