Verja y zonas exteriores pertenecientes a la Fundación Betesda, entidad privada, cuya finalidad es la de prestar servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, donde los militares de la UME han acudido a lo largo del día de hoy para - Marta Fernández - Europa Press
Cocemfe rechaza los brazaletes azules para identificar a los discapacitados intelectuales que deben salir a la calle y pide concienciar a la gente para que no les grite desde los balcones
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones de centros residenciales para personas con discapacidad han denunciado este lunes la situación de desprotección que sufren sus trabajadores en materia de seguridad sanitaria, por eso reclaman al Gobierno más medios de protección para los empleados, así como test que permitan garantizar la salud, tanto de los propios trabajadores como de los residentes. Desde las asociaciones apuntan que están en una situación "similar a la de los centros de mayores".
Este sector ha celebrado que el decreto que endurece el estado de alarma, anunciado por el presiente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este sábado, incluya entre los servicios esenciales tanto los centros para personas con discapacidad, como la atención que estas personas reciben en sus casas. Tal y como señalan, esto era necesario ya que las residencias son el lugar en el que viven muchos de estos pacientes y porque la labor que allí se realiza es necesaria para el día a día de estas personas.
Sin embargo, apuntan que no le están tratando como a otros sectores. Así, denuncian que son las propias ONG quienes se están ocupando de abastecer a los centros de mascarillas, guantes y test para los empleados, que siguen siendo escasos y que, según explican, está generando contagios entre los profesionales. "Reivindicamos que se asegure que se puedan cubrir las bajas", ha reclamado el secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Daniel Aníbal García.
A su juicio, el problema de estos centros es "similar al de los centros de mayores", es decir, "dificultad para acceder" a los sistemas de protección individual, "ya que no se están recibiendo la cantidad adecuada", la falta de test y la necesidad de un refuerzo sanitario de estos centros. García ha explicado a Europa Press, que las residencias para personas con discapacidad son "núcleos sociales" y el ratio de personal sanitario con el que cuentan "no está pensado para una asistencia sanitaria activa". En este sentido, llaman a una mayor colaboración con las autoridades sanitarias, para que en el caso de que haya un contagio se derive al paciente al hospital y pueda tener la atención adecuada.
SEGURIDAD TAMBIÉN A LAS CUIDADORAS A DOMICILIO
"Los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo", ha apuntado, en la misma línea que el director de Plena Inclusión en España, Enrique Galván, quien ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores que acuden cada día a los centros y que pueden, en sus traslados, contraer el virus y contagiar a su entorno.
En este sentido, Galván ha puesto en valor la labor de aquellas personas que se ocupan de personas con discapacidad o dependientes en sus domicilios y que no están siendo tenidas en cuenta para conseguir sistemas de protección. "Agradecemos la desinfección de la UME, pero también queremos que nos provean de material de protección", ha insistido.
Desde Plena Inclusión también señala el problema ante las bajas del personas de los centros y aseguran que hay plantillas que "están sufriendo" en un trabajo que hacen "de forma generosa" y que, en la actualidad, se está convirtiendo en una labor "angustiosa". "Creemos que los test rápidos de detección seria una medida de protección importante. Si tuvieran los profesionales la posibilidad de hacérselo y seriamos mas eficaces", ha apuntado.
En cuanto a los discapacitados intelectuales, Plena Inclusión ha pedido a las autonomías, junto a la patronal de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención a este colectivo, AEDIS, que se comprometan a financiar el 100% de las plazas de Servicios Sociales que tienen concertadas con las entidades del sector de la discapacidad en esta situación excepcional, como servicio esencial que es, tanto el que se realiza a distancia, como el presencial de apoyo a domicilio.
CONCIENCIAR A LOS 'CHIVATOS DE LOS BALCONES'
Hasta la fecha, explica, ya hay comunidades autónomas que han mostrado por escrito su compromiso con el sector, garantizando el pago íntegro del precio de las plazas, como Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía asumirán el 80% del coste. "Agradecemos a estos gobiernos su voluntad política en estos momentos tan duros para todos y reclamamos al resto de las comunidades que se sumen y garanticen, con total seguridad jurídica, la total financiación de las entidades que prestan servicios a través de cualquier instrumento jurídico que utilicen mientras dure esta situación de excepcionalidad", apunta.
También se ha referido a este colectivo Cocemfe, quien ha criticado la iniciativa surgida en las redes sociales y promovida por familiares, de llevar un brazalete azul cuando salgan de casa a dar los paseos que sean necesarios para aquellas personas con discapacidad intelectual. El secretario de Organización prefiere no "marcar" a esta gente y concienciar a los conocidos como 'chivatos de los balcones' que hay personas que están autorizadas para salir de casa y que aquellos a los que gritan pueden ser saitarios o miembros de las fuerzas de seguridad yendo a trabajar o personas con discapacidad intelectual a las que, en algunos casos, afecta a su estado oir gritos de la gente.
