CERMI pide financiación y una gobernanza "aceptable" para salir del "problema estructural" del sistema de dependencia

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha reclamado financiación, "lealtad" y una gobernanza "aceptable" para salir del "problema estructural" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"El Sistema de Autonomía personal y Atención a la dependencia, la ley del 2006, en gran parte ha sido fallida y que solo con retoques, que pueden ser bienvenidos, no vamos a salir de ese problema estructural. Ahí se necesita una refundación del sistema y casi un Pacto de Estado que aborde no solo cuestiones de modelo, que por supuesto, sino también una cuestión básica y fundamental, que es que haya una financiación suficiente, sostenida y robusta, y eso no ha existido, aparte pues de lealtad y una gobernanza aceptable, que tampoco ha ocurrido en estos años", ha explicado Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del CERMI tras haber aprobado este martes el Gobierno en el Consejo de Ministros las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia. Estas incluyen entre otras medidas, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal para todas las personas con dependencia, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas con algún grado de dependencia y la supresión de las incompatibilidades entre las prestaciones.

En este sentido, Pérez Bueno ha criticado que las reformas no aborden los copagos confiscatorios que "expulsan" a las personas en situación de dependencia del sistema. "Es una de las quejas que tenemos en respuesta a la falta de ambición del proyecto en este bloque", ha indicado.

Si bien, ha aplaudido que en la reforma de la ley de dependencia se "mejore" la asistencia personal, la prestación "más deseable", así como la ampliación de las prestaciones, que "era demasiado esclerotizado, muy rígido, muy poco numeroso".

Respecto a la reforma de la ley de discapacidad, ha señalado que esta es "amplia, numerosa y que en esencia consiste en mejoras de aspectos que ya estaban regulados pero en los que se puede seguir avanzando". "En el bloque de discapacidad, aunque es susceptible de ampliarse y de mejorarse de fondo y, técnicamente, hay una satisfacción de un nivel más que aceptable, sin renunciar a plantear en el trámite parlamentario propuestas de mejora", ha subrayado.

En este sentido, se ha referido a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que "no es la solución y el planteamiento perfecto y más ambicioso", pero sí un "avance importante", respecto a la regulación actual.

En esta misma línea, el texto del anteproyecto establece que las obras encaminadas a asegurar la accesibilidad de los edificios, como la instalación de ascensores, serán obligatorias, y las comunidades de vecinos estarán obligadas a solicitar las ayudas cuando un vecino lo solicite. Según datos del CERMI, se estima que 100.000 personas están atrapadas en sus casas porque sus bloques tienen problemas de accesibilidad.

Por su parte, Autismo España ha pedido una actualización "eficaz" de las leyes de dependencia y discapacidad que cuente con las necesidades "reales" del colectivo.

Para la entidad, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia "debe dar respuesta a las necesidades de la población con autismo". Esta ha dicho que está "infrarrepresentada" en las estadísticas oficiales y "con un acceso muy limitado, casi inexistente, a apoyos clave como es la asistencia personal".

PLENA INCLUSIÓN RECLAMA EL DERECHO DE ARRAIGO

Por otro lado, Plena Inclusión ha señalado el derecho de arraigo como una de las "asignaturas pendientes" de la reforma de la ley de dependencia. En este sentido, ha recordado que, entre el gran número de reivindicaciones que están pendientes de satisfacer por el actual Sistema de Autonomía y Atención Dependencia (SAAD), destaca la del derecho al arraigo a su entorno familiar y social para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, por el impacto que tiene esta decisión en sus vidas.

"Hoy en día, es frecuente que los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad intelectual se realicen fuera del contexto diario de las mismas, lo que produce procesos de 'desarraigo', y una ruptura con su trayectoria vital, su red de relaciones y los lugares que les son propios", ha apuntado.

Por ello, Plena Inclusión ha indicado que "resulta imprescindible desterrar la mala práctica de traslados no consentidos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a residencias para personas mayores de 65 años".

Igualmente, ha recordado que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no suelen contar en la mayoría de los casos con las competencias necesarias para afrontar esas situaciones de "cambio abrupto en sus vidas". De hecho, ha expuesto que ello les genera "problemas de comportamiento, salud mental y otras circunstancias que desestabilizan su día a día".