El Congreso debate el jueves una enmienda de totalidad de Vox a la Ley de Paridad que ve "profundamente ideológica"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno Congreso debatirá este jueves 22 de febrero una enmienda de totalidad de Vox que pide la devolución al Gobierno de la Ley de orgánica de Representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. La formación de Santiago Abascal considera que "traerá consigo muchos perjuicios para España y los españoles, ya que es profundamente ideológica".

El proyecto de ley del Ejeuctivo obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. La norma, que actualiza otra de 2007, se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales.

Según Vox, la intención del Gobierno con esta ley "no es más que ahondar en su tendencia de aprovecharse torcidamente de las instituciones y de las leyes para avanzar en un propósito nivelador que responde a cuestiones meramente ideológicas y, por tanto, en nada mejora la igualdad real entre los españoles".

También expone que el texto va "en contra" del principio de igualdad que la Constitución Española defiende en su artículo 1.1 y 9.2 y que también vulnera la Carta Magna en sus artículos 14 y 23.2 sobre el derecho a la igualdad entre todos los españoles y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

"La igualdad ante la ley de todos los españoles debe entenderse en un doble sentido: igualdad en el contenido de la ley e igualdad en la aplicación de la ley, según lo ha reiterado el Tribunal Constitucional", afirma para añadir que la ley defendida por el Ejecutivo no cumple con los requisitos de doctrina constitucional.

CRITICA QUE SE EXCLUYE A PERSONAS "POR RAZÓN DE SU SEXO"

También hace alusión a los principios de "mérito" y "capacidad": "Se impide de facto que las personas sean elegidas o nombradas en función de sus méritos o, lo que es lo mismo, se excluye a personas cualificadas únicamente por razón de su sexo". En esta línea, critica que los artículos 103.3 y 23.2 de la Constitución también quedan vulnerados ya que regulan principios "que encuentran su justificación no solo en razones de justicia sino también en la necesidad de optimizar el funcionamiento de la Administración Pública dotada con los mejores profesionales posibles".

Además, la formación señala que la iniciativa impulsada por el Gobierno supone "un verdadero ataque a la libertad de asociación, ideológica y de expresión" recogidas en los artículos 22, 16 y 20 de la Constitución.

También explica que "ataca" la libertad de expresión, puesto que, a su juicio, "impide que cualquier ciudadano pueda comunicar pensamientos, ideas u opiniones". "La libertad de empresa y la estabilidad laboral y económica se ponen en serio riesgo", agrega.

Por otro lado, apunta que la norma "incentiva la existencia de una actitud paternalista con las mujeres". En este sentido, Vox explica que se defiende la existencia de cuotas "para que las mujeres puedan alcanzar puestos de responsabilidad negando así la valía y meritocracia de estas y fomentando la percepción de las mismas como individuos vulnerables".

Finalmente, la formación recalca que la norma "no busca alcanzar una reivindicación justa ni mejorar la vida de los españoles, sino que supone un perjuicio por el empleo de un sistema de cupos". Además, critica que se hace "abstracción de su valía por el mero hecho de su sexo".

CAMBIOS DE LA LEY DE PARIDAD

El primer plazo que marca la Ley de Representación Paritaria, en lo que afecta a las empresas del IBEX 35, vencerá el 30 de junio de 2024, fecha en la que deberán contar con un mínimo del 40% de consejeras. Por lo tanto, la ley deberá estar aprobada antes de esa fecha, en menos de siete meses.

"En los consejos de administración de las sociedades más importantes, las sociedades más grandes, la sociedades del IBEX, que van a ser las que den ejemplo, se aplicará esta regla 60-40, por lo tanto, el principio de presencia equilibrada, a partir del 30 de junio de 2024 del próximo año", indicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por su parte, las empresas de más de 500 millones de capitalización bursátil tendrán algo más de tiempo para aplicar esta disposición, hasta el 30 de junio de 2025; y las sociedades cotizadas que no lleguen a los 500 millones de euros de capitalización bursátil, hasta el 30 de junio de 2026.

Actualmente, según señala el Ministerio de Igualdad, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).

Con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones deberán tener una composición acorde con el principio de paridad: el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo.

Para lograrlo, la norma establece que deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo. En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.

En el ámbito político, la nueva norma modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera. Es decir, establece que las candidaturas estén integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.

También dicta que el Consejo de Ministros también tendrá que cumplir con el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos, como por ejemplo las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales de cada ministerio, deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.

Igualmente, el principio de representación equilibrada deberá cumplirse en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo.

También se deberá cumplir con el principio de representación equilibrada en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquellas.