EUROPA PRESS
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley --que ha sido pactada entre PP, PSOE, Ciudadanos y ERC-- que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para establecer la obligación legal de los distribuidores del sector alimentario a destinar los productos descartados y aptos para el consumo humano a organizaciones sin ánimo de lucro, y así prohibir el deterioro premeditado de los mismos.
Además, promueve la puesta en marcha de un proyecto de ley para la reducción del despilfarro alimentario, el impulso de medidas de reutilización y reciclaje de productos alimentarios que no sean aptos para el consumo humano, obligar a las empresas distribuidoras de alimentos a ser transparentes y a hacer público el destino de los alimentos, así como a estudiar un régimen sancionador en casos de no cumplir con las obligaciones de donación.
A su vez, quiere que se propicie la colaboración de la Administración General del Estado con las administraciones territoriales y los distintos agentes implicados para cumplir los objetivos marcados en el informe aprobado por el Parlamento europeo de reducir el despilfarro de alimentos a la mitad.
Asimismo, plantea al Gobierno continuar trabajando en la estrategia 'Más alimento, menos desperdicio' en materia de sensibilización y concienciación en el objetivo de reducción del desperdicio alimentario.
EL 12% DE LA POBLACIÓN TIENE HAMBRE
Desde el PSOE, Gonzalo Palacín, ha alertado de que el 12% de la población mundial padece hambre o desnutrición y en España 9 millones de personas, según Cáritas, viven por debajo del umbral de la pobreza. Además, según la FAO, un tercio de los alimentos producidos se pierden, siento España el octavo país de la UE que más desperdicia.
Xavier Eritja, de ERC, ha recordado que la Asamblea nacional francesa aprobó una ley que propone tirar productos alimentarios teniendo que ceder la comida a ONG y que el Parlamento español negó esta posibilidad en la pasada legislatura en otra iniciativa.
Desde Ciudadanos, Toni Cantó, ha defendido que es "ético y moral" solventar esta problemática ya que hay "demasiadas personas" que no llegan a final de mes, y con el despilfarro de alimentos se produce un derroche en recursos que no se puede permitir y además daña el medio ambiente. Según ha subrayado, se despilfarran en cada hogar hasta 76 kilos de comida.
Antoni Postius, desde Democracia y Libertad, apoya la propuesta aunque ve conveniente que se incluya en el etiquetado de productos incluyan la fecha límite para la venta y la fecha límite del consumo.
Rosana Pastor, de Podemos, ha lamentado que esta proposición no de ley se quede un "acuerdo de mínimos" porque poner fin al despilfarro de comida es "urgente" y considera que hay aspectos que se podrían haber incluido, como incidir sobre la regulación en la gestión y donación de alimentos, sobre el reciclaje de productos orgánicos, por ejemplo.
Desde el PP, Miguel Ángel Viso cree que el despilfarro alimentario es "un objetivo político", y por eso ha destacado que en la pasada legislatura, y compartiendo la necesidad, se aprobó en 2013 una estrategia para reducir las pérdidas y desperdicio alimentario, que debe ser renovada este 2016.
Por parte de Compromís, Joan Baldoví, ha alertado de las cifras de la pobreza crónica y del despilfarro de alimentos, y ha recordado que en la pasada legislatura presentó varias iniciativas para que se prohibiera la destrucción sistemática de alimentos y se implementaran medidas para el tratamiento de residuos, bajo el principio de que 'quien contamina paga'.
Mientras, Joseba Agirretxea del PNV, cree que los argumentos han sido claros y necesarios, y hay motivos "suficientes" para aprobar la iniciativa de esta índole, a pesar de desconocer su alcance y el compromiso del Gobierno sobre la misma.
