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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE busca este martes un primer acuerdo en el Congreso para reformar el sistema de pensiones y mejorar la retribución que perciben los huérfanos de violencia de género, para lo cual quiere crear una nueva prestación, con acción protectora de la Seguridad Social y recogida en su ley general, que permitirá elevar la cuantía de los 140 euros actuales a casi 700.
Esta medida se planteará este martes en la ponencia que se creó en la Cámara baja para debatir una proposición de ley impulsada por los socialistas. Si hay acuerdo, la reforma pasará entonces a la Comisión de Empleo antes de su envío al Senado.
La propuesta de ley nació, según explicó el PSOE cuando la registró, para que los huérfanos de esta lacra no dependieran de la cotización de sus madres asesinadas para cobrar una pensión, teniendo en cuenta que muchas de estas víctimas, por su edad, no cumplían con los mínimos establecidos por ley --haber trabajado 500 días en los últimos 5 años-- o que la propia situación de violencia llevaba a las víctimas a no poder trabajar.
GARANTIZADAS POR LOS PRESUPUESTOS
Su intención es que hubiera una cuantía fija para estos huérfanos. Sin embargo, la negociación, especialmente sobre las enmiendas de PP y PNV, ha llevado a los socialistas, según han informado fuentes parlamentarias socialistas, a aceptar que estas pensiones no sean contributivas, es decir, que dependerán de los presupuestos y no de la vida laboral de la víctima.
Las mismas fuentes han señalado a Europa Press la importancia de que la nueva prestación esté incluida en los parámetros de la Seguridad Social y que se aplique un porcentaje a la base reguladora del 70%, lo que supone que las pensiones estarían actualmente en torno a los 677 euros.
Las mismas fuentes también han destacado como avance en el nuevo texto que esta prestación se aplicará, no sólo a la violencia machista dentro del ámbito doméstico, sino en todos los tipos de violencias de género incluidas en el convenio internacional sobre esta materia. Del mismo modo, se aplicará con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género.
