El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha confirmado este jueves en el Congreso de los Diputados que la institución que dirige "va a elaborar un informe singular sobre la violencia vicaria". En lo que va de año, siete menores han sido asesinados por violencia de género, presuntamente a manos de su padre, en España y 57 desde 2013, cuando se comenzaron a recabar datos.
"Tristemente cabe destacar de nuevo la gravedad de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria. La persistencia de esta forma de violencia y la complejidad para abordarla exige la cooperación de muy diversas instancias públicas", ha declarado Ángel Gabilondo durante la presentación en el Pleno de la Cámara Baja de los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige en 2022 y en 2023.
En su intervención, ha recordado que este año la institución ha subrayado "las posibilidades de mejora, como el concepto de víctima y su acreditación, que debe ser ágil y sencilla". "La actuación policial, la adecuada formación y sensibilidad de cuantos trabajan cerca de las víctimas. El papel de los puntos de encuentro familiar o el de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. Todas han sido objeto de análisis y numerosas recomendaciones. Nuestra institución va a elaborar un informe singular sobre la violencia vicaria", ha confirmado.
Ángel Gabilondo ya había afirmado que estaba "pensando" en hacer un informe monográfico sobre la violencia vicaria, durante una comparecencia el pasado 26 abril en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre su correspondiente gestión durante los años 2022 y 2023.
Este jueves, ante el Pleno del Congreso, el Defensor del Pueblo también ha repasado algunos temas recogidos en los informes de los años 2022 y 2023, como son las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital sobre el que ha recibido "alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos".
A su juicio, es necesario trabajar "para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos, que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales". "Un sistema estable y cohesionado, que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad", ha remachado.
En cuanto a la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 niños y niñas no acompañados llegados a Canarias, el Defensor del Pueblo ha vuelto a reclamar "soluciones consensuadas y estables para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores".
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Gabilondo ha señalado que dos de los principales retos se encuentran en la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, y en la gestión de la acogida de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden ser expulsadas o devueltas a su país de origen.
Respecto a Educación, Ángel Gabilondo ha insistido en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y que, a pesar del mayor esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas.
Las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y los colectivos vulnerables, es otro de los asuntos que provocan numerosas quejas. Según ha remarcado Gabilondo, la institución continúa solicitando a todas las administraciones que incrementen y optimicen los recursos existentes de vivienda protegida y de vivienda social. Además, se está siguiendo con atención el despliegue de medidas de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y la gestión del Bono Alquiler Joven, de cuya gestión en algunas comunidades autónomas ha señalado que "no es la apropiada y muchos beneficiarios varios meses después de su solicitud aún no habían recibido el bono".
Gabilondo ha detallado que en 2022 y 2023 el Defensor del Pueblo atendió, telefónica o presencialmente, a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. "El 70% de las resoluciones que se emiten desde el Defensor del Pueblo son aceptadas por las administraciones", ha recalcado.
GARANTE DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
En el turno de portavoces, el socialista Herminio Rufino Sancho ha remarcado que su grupo "valora enormemente la labor y el desempeño del Defensor del Pueblo como garante de los derechos de la ciudadanía" y que la valoración que hacen desde el Grupo Parlamentario Socialista del contenido de los informes es "muy positiva".
Por su parte, por el Grupo Parlamentario Popular, María Eugenia Carballedo ha afirmado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le gusta" que se hable de las quejas de los ciudadanos, "quizá porque desde que él está en Moncloa las quejas se han disparado, de 17.000 a 35.000". "No es un número, es sufrimiento", ha remachado.
Ignacio Hoces, de Vox, ha afirmado que su grupo "después de leer, estudiar y profundizar en los informes relativos a los años 2022 y 2023", ha llegado a la conclusión de que "el señor Gabilondo prefiere ser el defensor del gobierno de la nación de Pedro Sánchez antes que un verdadero defensor del pueblo, de los más necesitados, de los más humildes y de los que más dificultades tienen".
Desde Sumar, Verónica Martínez ha puesto en valor la elaboración de estos informes que entienden "un instrumento esencial en democracia porque, al recopilar y analizar los datos de vulneración de derechos, señalan dónde se encuentran las deficiencias en su protección y promoción". Así, ha señalado especialmente a las personas con discapacidad, migrantes, personas LGTBIQ+, víctimas de violencia de género menores, mayores, entre otros.
Finalmente, Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha denunciado la "discriminación que padecen muchos menores extracomunitarios a los que se les impide competir con licencia federativa" y ha defendido que "deben tener la oportunidad de jugar con los otros niños o adolescentes de su edad".
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