PIXABAY - Archivo
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado este viernes que la institución va a trasladar al conjunto de los poderes públicos la necesidad de acometer una serie de cambios normativos para combatir la violencia de género. Entre las propuestas, ha mencionado la necesidad de suspender el régimen de visitas de los hijos de edad a aquellos hombres que tengan una orden de alejamiento por violencia machista.
Así lo ha señalado en una intervención después de recibir a Gabriel Rubio, portavoz y primo la mujer cuya expareja asesinó a sus dos hijas de 6 y 3 años el pasado mes de septiembre en Castellón, que este viernes ha leído en la sede del Defensor del Pueblo un comunicado en nombre de la madre denunciando su desprotección y la de las dos menores asesinadas.
"Un maltratador nunca puede ser un buen padre", ha sentenciado Marugán, quien ha incidido en el "compromiso" de la institución contra la violencia machista. Precisamente ha manifestado que, ante "la abundancia" de crímenes machistas que se están cometiendo, va a "tratar de hacer llegar al conjunto de los distintos poderes públicos" no solamente algunas recomendaciones "corrientes", también algunos cambios normativos.
Entre ellos, ha reivindicado la suspensión de régimen de visitas cuando se dicte una orden de alejamiento al padre. Esta propuesta va un paso más allá de lo que establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género donde se estipula el "carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia". También se acordó prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.
Por otro lado, el defensor del Pueblo sostiene que la valoración policial del riesgo de las mujeres que denuncian sufrir violencia de género "tiene que llevar aparejada" una valoración de la situación del riesgo de los hijos. El Ministerio del Interior va a implantar un nuevo protocolo policial que medirá el riesgo de que una víctima sea asesinada así como el peligro de los menores.
"Esto lo vamos a seguir analizando, investigando y trasladaremos nuestra opinión", ha declarado. A su juicio, se debe "detectar los fallos" del sistema de protección de las víctimas de este tipo de violencia y "poner en práctica mecanismos" con el objetivo de "corregirlos".
