La delegada contra la Violencia de Género comparece el miércoles en el Congreso para informar sobre el Pacto de Estado

   MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparecerá este miércoles 25 de marzo en el Congreso de los Diputados para informar sobre el Pacto de Estado, según se desprende del orden del día al que ha tenido acceso Europa Press.

   En concreto, Martínez Perza presentará el Informe anual de Evaluación del Pacto de Estado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del pacto de estado en materia de violencia de género de la Cámara Baja.

   Su comparecencia se producirá tras los 13 asesinatos de mujeres y dos de menores por violencia de género en lo que va de 2026. Se trata del peor inicio de año en lo que respecta a crímenes machistas desde 2020, cuando en la misma fecha había 18 casos.

   En este sentido, las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura han reclamado al Gobierno la revisión de los protocolos de valoración del riesgo del Sistema VioGén.

   La Comunidad de Madrid ha pedido al Ejecutivo la revisión de los protocolos de valoración de riesgo en el sistema VioGén tras constatar que tres de las cuatro últimas víctimas de violencia de género estaban clasificadas como nivel bajo.

   Esta petición ha sido abordada este pasado lunes durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

MADRID TILDA LOS PROTOCOLOS DE "INEFICACES"

   "Hemos pedido que se revisen los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que estén en el VioGén dado que hemos visto que están resultando completamente ineficaces", aseguró García Martín ante los medios de comunicación.

   Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en declaraciones a medios este pasado martes, solicitó revisar los protocolos de valoración del riesgo y el funcionamiento de los sistemas de seguimiento de víctimas de violencia de género ante el repunte de asesinatos machistas en lo que va de año, al tiempo que apeló a la "unidad" de todas las administraciones para "combatir esta lacra".

   Asimismo, López insistió en que "los protocolos se tienen que revisar", al considerar que es necesario analizar si los actuales sistemas de evaluación están fallando en la detección de situaciones de peligro.

   Mientras, desde la Xunta de Galicia se ha reclamado esta cuestión en diferentes ocasiones desde hace tiempo. Además, fuentes de la Consellería indicaron esta semana a Europa Press que hay registrados en Galicia casos en los que la evaluación de riesgo no se correspondía con la situación "real" de la víctima.

   Por otro lado, el Consejo de Gobierno de Murcia, a petición de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, acordó en su reunión de este pasado jueves solicitar al Ministerio del Interior que revise los protocolos de valoración del riesgo del sistema VioGén.

MURCIA QUIERE QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEAN "EFICACES"

   En concreto, quiere "una valoración ajustada a las circunstancias de cada víctima", con el objetivo de que las medidas de seguridad aplicadas sean "eficaces", para lo que considera "necesario" establecer un modelo "más dinámico, predictivo y eficaz".

   Según el Gobierno regional, "los últimos asesinatos por violencia de género evidencian fallos en el sistema de protección", por lo que el Ejecutivo autonómico exigió "una actualización que adapte la respuesta del sistema al riesgo real de la víctima".

   En este sentido, señaló que un nivel de riesgo bajo "no puede significar una vigilancia mínima cuando haya antecedentes de violencia psicológica o control digital por parte del agresor". También pidió la inclusión de la violencia digital como un indicador de riesgo alto, y que la valoración del riesgo no dependa sólo de la denuncia policial.

   Propuso, además, que los historiales de salud mental y adicciones, así como una situación de embarazo de la víctima, puedan actuar como multiplicador automático de la gravedad del riesgo, y, con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas, el Ejecutivo exigió al Ministerio de Igualdad que actúe para mejorar las denominadas 'pulseras antimaltrato', con la finalidad de que se eliminen las "zonas de sombra".

   Finalmente, reclamó la incorporación de alertas predictivas, para que se aplique la inteligencia artificial para detectar patrones de acercamiento antes de que se pueda producir un quebrantamiento de la orden de alejamiento.

PLANTILLAS DE PSICOLOGÍA FORENSE, "MUY ESCASAS"

   Por parte del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) consideran "conveniente" exigir la valoración forense de riesgo en los supuestos de violencia de género en el que existan menores afectados. Así, la directora del IMEX, Beatriz Arfona Rovira, ha señalado que las plantillas de psicología forense en todas las Unidades de Valoración Forense Integral "son muy escasas, sobre todo, en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia, como es el caso de Extremadura".

   De hecho, Arfona Rovira ha agregado que Badajoz cuenta con una psicóloga para las valoraciones penales de toda la provincia, lo que ha detallado que ocasiona demoras "de hasta dos años" para valoraciones psicológicas forenses, "lo que es totalmente inadmisible, porque en el ámbito penal perjudica y retrasa las evaluaciones de violencia de género". También ha subrayado que la violencia de género "requiere una buena coordinación institucional y un abordaje profesionalizado y no ideológico".