ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, valoró positivamente las acciones llevadas a cabo en Aragón para el despliegue y desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Luis Cayo destacó que la Comunidad aragonesa "está bastante por encima de la media nacional, tanto en tiempos de respuesta como en el porcentaje de personas valoradas y reconocidas con una prestación".
La Ley de Autonomía Personal y Dependencia fue uno de los temas centrales de la reunión mantenida hoy por la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, y los presidentes de CERMI y CERMI-Aragón, Luis Cayo y Pedro Sánchez, respectivamente. En ella, se trató el nivel y la calidad de las políticas de discapacidad desarrolladas en la Comunidad autónoma.
Luis Cayo precisó que la Ley de Autonomía Personal y Dependencia era "muy esperada" a nivel estatal y "está teniendo problemas de aplicación y resultados en varias Comunidades autónomas".
En Aragón, según especificó la consejera de Asuntos Sociales y Familia, se han recibido hasta el momento 33.000 solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia, de las que se han tramitado 27.800, es decir, el 83 por ciento de las solicitudes recibidas.
Un total de 13.400 personas, el 62 por ciento, están recibiendo ya una prestación económica o un servicio, amparados por esta Ley. La consejera de Servicios Sociales y Familia destacó que existe una inquietud por parte del Gobierno autonómico por "mejorar los procedimientos" y "atender con más eficiencia la ayuda a domicilio y a las personas afectadas".
Agregó que está pendiente de realizar una normativa, "prevista para septiembre u octubre de este año", que "armonice las competencias en materia de Dependencia trasladadas a las diferentes comarcas". La actuación prevista también incluye planes de formación para cuidadores y programas de apoyo y autoayuda para familiares y personas a cargo de estos sectores dependientes.
LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ARAGÓN
La Ley de Servicios Sociales de Aragón, aprobada el pasado 25 de junio en las Cortes autonómicas, fue otro de los temas tratados en esta reunión. El presidente de CERMI valoró positivamente que la elaboración de la ley haya contado con un "proceso participativo muy amplio y transparente, en el que se ha consultado a todos los sectores implicados, entre ellos la discapacidad".
Luis Cayo remarcó que "España necesita leyes de servicios sociales de segunda generación, que se erijan en verdaderos y auténticos derechos" y no sólo sean meros programas asistenciales "sujetos a un presupuesto".
El presidente de CERMI incidió en que los derechos vinculados a la discapacidad deben ser "derechos sociales, exigibles y vinculantes para las personas que lo necesitan", de modo que "los discapacitados puedan mantener su autonomía personal".
LA CRISIS EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Luis Cayo se refirió a los efectos de la crisis económica en los centros especiales de empleo, constituidos por empresas donde el 70 por ciento de la plantilla está formada por discapacitados y que operan en varios sectores de la economía.
En ellas, comentó, "lo último que se hace es destruir empleo", si bien, remarcó, se "necesitan ayudas y un compromiso de reactivación" para evitar que los centros especiales se vean "muy afectados" por la recesión.
En España, hay casi 2.000 centros especiales de empleo que dan ocupación a casi 55.000 personas con discapacidad. En Aragón, son 1.500 los trabajadores en estas circunstancias, distribuidos en aproximadamente 60 centros.
Luis Cayo indicó que el Gobierno central ha incrementado en 40 millones las ayudas dirigidas a los centros especiales de empleo a nivel nacional, de las que un millón y medio son para Aragón y precisó que "si no se ataja la situación, gente con discapacidades, a veces severas, pueden perder su empleo en un proceso irreversible".
Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales y Familia señaló que "la crisis está afectando a todos los sectores, incluidos los centros especiales", aunque en Aragón "no se está llegando a la situación de tener que realizar Expedientes de Regulación de Empleo".
Ana Fernández destacó positivamente "la buena relación y colaboración que se lleva a cabo con las entidades desde el Instituto Aragonés de Empleo para evitar cualquier cierre".