El catedrático José María Labeaga considera que la ejecución de la norma hasta 2012 supondrá un incremento del 0,28% del PIB nacional
SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Dependencia en España necesitará para su implantación de aquí a 2012 de un gasto de 40.000 millones de euros al tiempo que generará 200.000 puestos de trabajo como consecuencia de la nueva demanda de servicios, según las estimaciones del estudio presentado por el catedrático de Economía de la UNED e investigador de Fedea, José María Labeaga, en el seminario 'La Ley de Dependencia: una perspectiva multidisciplinar', celebrado hoy en Sevilla y organizado por el Centro de Estudios Andaluces.
Estas cifras suponen también, según explicó el catedrático, un incremento de 0,28 puntos porcentuales del PIB en 2012 (que no se daría sin la Ley de Dependencia) y en cuanto el número de puestos de trabajo un 30 por ciento menos de las estimaciones del Libro Blanco de la Dependencia de 2005 que estimaba la creación de 263.000 empleos.
Labeaga expuso tres modelos de estimación de este potencial basados en modelos macroeconómicos y microeconómicos en los que la cifra más baja se sitúa en 170.000 empleos, 190.000 en el intermedio y 200.000 en el más optimista.
Asimismo, el experto trazó un perfil de la evolución de los cuidadores desde el cuidador informal "mujeres con una edad media de 53 años, relacionadas con la persona a la que cuidan, nivel de estudios bajo y sin ocupación laboral", hasta una profesionalización de cuidadores formales y apuntó a la inmigración como colectivo que en la actualidad está asumiendo estas tareas.
Por otro lado, subrayó la "posibilidad de nuevos empleos para personas que pueden ingresar en el mercado de trabajo al dejar de cuidar a sus familiares" y reconoció que estos cálculos "son muy optimistas a la hora de reconocer el incremento de la renta disponible, con mayor recaudación por las cotizaciones de empleo". No obstante, apuntó el crecimiento del sector inmobiliario en la construcción de nuevas residencias para personas mayores además de un gran potencial para el mercado de seguros.
IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.
Sin embargo, el catedrático de Economía Aplicada de la Pompeu Fabra y consejero del Banco de España, Guillem López-Casasnovas, quien repasó el impacto del envejecimiento de la población en la política social y económica, cifró el gasto actual en dependencia entre el 0,4 y el 0,5 del PIB y resaltó el incremento de personas mayores de 80 años en España así como el de mayores de 60 años de aquí a 2040, año en el que el porcentaje pasará de un 22 por ciento (en 2000) a un 45,5 por ciento.
El envejecimiento de la población traerá consigo, según López-Casasnovas, "impactos importantes", ya que en la actualidad, dos terceras partes del gasto de las Administraciones públicas está destinado a gasto social. Entre los efectos negativos de este incremento del gasto se encuentran el aumento de la deuda pública, el crecimiento de la presión fiscal, la mayor dependencia de las rentas de los mayores de los beneficios públicos así como desequilibrios intergeneracionales de las rentas.
"Si el gasto se orienta a los mayores habrá necesariamente menos inversión en aquellos gastos que pueden esperar como vivienda, infraestructuras, fomento o creación de empleo. De esta forma, se estaría invirtiendo más en la población no activa que en los trabajadores activos hasta llegar a una cifra preocupante. En 2050, la renta de un pensionista, una vez pagados los impuestos, sería un 18 por ciento más elevada que la de un trabajador activo", apuntó el catedrático de Economía.
Ambos expertos coincidieron en que es necesario controlar estas desigualdades y apostaron por medidas que compensen este gasto derivado del cuidado de los mayores. "No podemos afrontar incrementos de gasto sin ser realistas en el asunto de recaudación de impuestos", subrayó López-Casasnovas, y apuntó que con este ritmo, las pensiones se resentirán en 2020-2030, por lo que señaló medidas como la llevada a cabo en Suecia, "consiguiendo un tres por ciento de ahorro del PIB se podrían equilibrar las pensiones, aumentando por ejemplo, un tres por ciento el IVA".
Asimismo, tanto Labeaga como López-Casasnovas señalaron las dificultades y el camino que queda por recorrer en la implantación de la Ley de Dependencia en España en los aspectos económico-financieros, jurídicos y administrativos y las diferencias que existen entre las comunidades autónomas. "El presupuesto de dependencia en las CCAA ronda los 5.000 millones de euros pero las necesidades y la distribución de recursos son desiguales", aseguró Labeaga, quien señaló que hasta la fecha de 2007, "sólo estamos al 5 por ciento del gasto necesario para la implantación de la Ley".
