Actualizado 07/07/2020 8:42:16 +00:00 CET

El Gobierno aprobará previsiblemente hoy la reforma civil que deja atrás la incapacitación como estado civil

Persona en silla de ruedas.
Persona en silla de ruedas. - JCCM - Archivo

El Ejecutivo dará luz verde a la norma para su tramitación parlamentaria casi dos años después de haber aprobado el anteproyecto de Ley

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el Proyecto de Ley de reforma del Código Civil en materia de personas con discapacidad, que deja atrás la incapacitación entendida como un estado civil e introduce cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad. El texto, propuesto por el Ministerio de Justicia, será remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, que recuerdan que la reforma alcanza ya la segunda vuelta en Consejo de Ministros y cuenta con todos los informes preceptivos.

"Se ha legislado en torno a la idea de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica", explicó al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la ONCE el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que añadió que se ha realizado "desde el respeto a las decisiones personales y la no discriminación por razón de discapacidad".

El titular de la cartera de Justicia trasladó el compromiso e interés del Gobierno para que el texto se tramite con rapidez y bajo el mayor consenso político del arco parlamentario.

Por su parte, el CERMI ha recordado que lleva colaborando con el Ministerio de Justicia en la elaboración de este texto desde el año 2014, con la Comisión General de Codificación, sección primera, encargada de redactar la iniciativa legal.

De este modo, como valoración global, considera esta reforma como "muy positiva y conveniente", pues supone un avance "notable" del Derecho privado español para "adecuarse a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto, de su artículo 12, sobre igual capacidad legal de las personas con discapacidad".

Por este motivo, el CERMI espera que los grupos parlamentarios apoyen el Proyecto de Ley, ya que "es una reforma ideológicamente transversal, deriva de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y deber ser compartida por todo el arco parlamentario".

A su juicio, esta reforma supondrá un "proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas".

Han pasado casi dos años desde que el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de Ley y lo sometió a consulta pública en septiembre de 2018. Entonces, el anterior Gobierno de Pedro Sánchez aseguró que con la reforma se pretende adecuar la legislación española a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006, que en su artículo 12 obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

"Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones", indicaba el Ministerio de Justicia que dirigía Dolores Delgado en la 'exposición de motivos' que puede haber sufrido cambios en la actualidad.

Así, señalaba que la nueva regulación trata no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria, es decir, domicilio, salud y comunicaciones, entre otros.

"No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de 'incapacidad' e 'incapacitación' por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado", señalaba el texto.

APOYOS Y GUÍAS

Una de los cambios que introducía el anteproyecto tiene que ver con la tradicional figura del 'tutor', que es sustituida por otras que ejerzan de guía y apoyo en la toma de decisiones. Las funciones de representación de una persona con discapacidad solo se llevarán a cabo en los casos que presenten una mayor gravedad: "En situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa imposibilidad, este pueda concretarse en la representación o sustitución en la toma de decisiones", indicaba el anteproyecto.

Según explicó entonces el Ministerio de Justicia, la "idea central" de este nuevo modelo es, por lo tanto, la del "apoyo" a las personas que puedan tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que tradicionalmente se ha llamado 'capacidad de obrar'.

Asimismo, señalaba que este apoyo abarca desde el acompañamiento amistoso, a la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, o incluso, la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. La capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos, como la legitimación para ejercitarlos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAMBIO DE MENTALIDAD

Según el anteproyecto de 2018, la nueva regulación otorga preferencia a las medidas preventivas, es decir, a las que puede tomar la persona interesada en previsión de una futura necesidad de apoyo, como son los poderes y mandatos preventivos. También potencia otras medidas con carácter externo como la 'guarda de hecho' para la que no se requiere una medida judicial.

Asimismo, la futura normativa regularía también para los casos más severos la 'curatela' para la que es precisa la intervención de un juez, que será el que decida qué asuntos requieren de un 'curador'. También establecería la figura del 'defensor judicial' en los casos de en que haya conflicto entre la persona con discapacidad y la persona de apoyo.

La reforma afectaría también a otras normas relativas al Derecho Internacional privado, a los actos relativos a la nacionalidad, el matrimonio o la filiación, así como a algunas reglas del Derecho de sucesiones y de contratos.

El texto subrayaba que la reforma normativa debe ir unida a una "transformación de la mentalidad social", y "especialmente" la de jueces y magistrados, funcionarios de la administración de justicia, notarios, registradores, que "han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas".