MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha llevado al Consejo de Ministros el traslado a la jurisdicción social de las cuestiones ligadas al Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia.
Esta modificación está incluida en el Anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado este martes por el Gobierno.
Así, se conseguirá "que las personas dependientes y sus familias puedan reclamar sus derechos ante la jurisdicción social que, además, es más ágil y evita costes a las personas afectadas, tras diez años de retraso", según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
La cartera que dirige Ione Belarra lo ha valorado como "un asunto de enorme importancia y largamente esperado por las personas dependientes y sus familias".
De esta forma, según precisa, "se mejora la tutela judicial efectiva para las personas en situación de dependencia y de sus familias para que puedan ejercer mejor sus derechos ante las administraciones".
También se amplía la Ley de la Jurisdicción Social, de forma que no solo se incorporarán las cuestiones ligadas a la valoración, reconocimiento y provisión de prestaciones económicas, sino que se introducen, asimismo, los servicios recibidos, y se aclara que ello se hace con independencia de las fases en las que se divide el procedimiento que pueden ser diferentes en las comunidades autónomas.
