PP denuncia "hipocresía" del PSOE y Vox su "buenismo", mientras socios exigen "recursos" contra matrimonio forzado

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido este martes una proposición no de ley del PSOE contra el matrimonio forzado, en la que el PP ha acusado al Gobierno de "hipocresía" en su actuación internacional y Vox ha criticado lo que ha calificado de "buenismo" en sus políticas, mientras los socios del Ejecutivo han reclamado más "recursos" y medidas concretas para la erradicación de esta práctica.

En defensa de la iniciativa, la diputada socialista Blanca Cercas ha definido el matrimonio forzado como "una de las formas más graves y más ocultas de violencia contra las mujeres y contra las niñas".

En este sentido, ha advertido de que esta práctica "atroz" no puede justificarse ni por razones culturales, ni religiosas ni espirituales y ha insistido en que se trata de una violación de los derechos humanos que se produce "en los cinco continentes".

Así, ha defendido una proposición no de ley que plantea varias líneas de actuación. Entre ellas, reforzar la cooperación internacional de España con un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas, así como impulsar políticas de prevención a través de la educación en igualdad y programas de sensibilización.

Además, ha propuesto promover en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas la creación de un día internacional para la erradicación del matrimonio forzado, en línea con los objetivos marcados por la Agenda 2030.

"Señorías, todos sabemos que compartir la vida con alguien solo puede nacer de una decisión libre, del respeto, de la igualdad, del afecto, porque el cariño verdadero no se impone y si se impone no es cariño, sino que es violencia", ha subrayado Cercas.

Por su parte, Ana Alós, del PP, se ha referido al matrimonio forzado como una "lacra real y gravísima". Sin embargo, ha cuestionado la credibilidad del Ejecutivo para liderar esta iniciativa internacional, al considerar que este mantiene una política exterior "basada en el silencio cómplice" frente a países donde, según ha señalado, se producen o toleran estas prácticas.

"Señorías, esto tiene un nombre, hipocresía, porque su proposición no de ley habla de seguir promoviendo medidas, de seguir impulsando, de seguir trabajando, pero la realidad es que su Gobierno no está liderando nada", ha indicado.

Alós ha insistido en que la lucha contra el matrimonio forzado debe basarse en herramientas "realistas", coordinación internacional y evaluación de resultados y ha criticado lo que ha calificado como una política de igualdad convertida en "escaparate" por parte del Ejecutivo.

En su intervención, Viviane Ogou, de Sumar, ha enmarcado el matrimonio forzado dentro de lo que ha definido como "esclavitud moderna" y ha advertido de la existencia de redes y dinámicas internacionales que perpetúan esta práctica.

SUMAR DESTACA LA CUESTIÓN ECONÓMICA

En este contexto, Sumar ha presentado una enmienda a la iniciativa socialista con el objetivo de reforzar el enfoque socioeconómico de la lucha contra el matrimonio forzado. "Sabemos que para erradicar el matrimonio forzado es una cuestión que se tiene que hacer con concienciación, pero creemos que la cuestión económica tiene que ser central en esta batalla", ha recalcado Ogou.

Por Vox, María de los Reyes Romero ha defendido que "sin consentimiento no hay matrimonio", sino "sometimiento", y ha calificado estas prácticas como una "barbarie". Además, ha vinculado el aumento de estos casos en España con las políticas migratorias del Ejecutivo, al que ha acusado de fomentar una "inmigración ilegal y descontrolada" y de convertir las calles en "escenarios de problemas importados".

"Señorías del Partido Socialista, basta ya de postureo y de buenismo irresponsable. Sus políticas, bajo el pretexto de ser humanitarias y feministas, están causando graves daños a los españoles y especialmente a las mujeres y en los barrios más humildes. Ustedes están convirtiendo nuestras calles en escenarios de problemas importados", ha explicado.

A juicio de Vox, para acabar con el matrimonio forzado, hay que eliminar las subvenciones públicas a organizaciones que amparen y no colaboren en la erradicación de esta "lacra" y crear un protocolo nacional que implique a todas las Administraciones en la lucha contra este "horror" dentro de España, así como "endurecer el Código Penal para castigar esta barbarie como se merece".

Mientras, Pilar Calvo, de Junts, ha defendido la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva de derechos humanos, educación y cooperación internacional, incluyendo acceso a la educación, higiene menstrual y recursos básicos. Así, ha reclamado, para que la iniciativa sea "creíble", financiación suficiente para las comunidades autónomas.

Jordi Salvador I Duch ha avanzado el voto a favor de ERC a la iniciativa, pero ha pedido recursos. "No somos demasiado partidarios de que los grupos del Gobierno aporten proposiciones no de ley, sin más. Nos gustaría que vinieran acompañados de algo más de materia", ha afirmado.

Finalmente, por PNV, Nerea Renteria ha advertido de que "el reto no es aprobar más marcos", sino que lo que se apruebe "sirva para algo". "Esta proposición no de ley puede ser útil, pero solo si se traduce en políticas concretas, medibles y eficaces", ha destacado.