Publicado 23/08/2018 13:52CET

El PP estudia si recurrir el decreto ley aprobado por el Gobierno para aplicar medidas del Pacto de violencia machista

Teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género
EUROPA PRESS - Archivo

   MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Popular (PP) está analizando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó por la vía de urgencia el pasado 3 de agosto para aplicar algunas de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que fue rubricado por el Parlamento en 2017.

   Entre otras medidas, el decreto ley 9/2018 sobre medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado amplia los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género --los informes de los servicios sociales también serán válidos para ello, y no solo los del Ministerio Fiscal--. También modifica el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, siempre que exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.

   Fuentes populares han señalado a Europa Press que la decisión no está tomada, pero han apuntado que este decreto ley puede ser "inconstitucional". Estas mismas fuentes han cuestionado el carácter de urgencia de este decreto ley, al igual que el de otros como el que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros este viernes y que dará aval jurídico a la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

   Para el PP, no es necesario "huir del debate parlamentario" para dar luz verde a las medidas contempladas en el Pacto de Estado que recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto la abstención de Unidos Podemos. La vía del Decreto-ley no permite cambios en el Congreso de los Diputados, donde el texto tiene que ser convalidado o derogado.

   El artículo 86 de la Carta Magna establece que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", el Gobierno podrá dictar Decretos-leyes "que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

   En un comunicado, el PP ya advirtió de que este decreto ley aprobado a principios de mes por el Gobierno "adolece de graves defectos jurídicos que son constitutivos de inconstitucionalidad y exigió explicaciones a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Asimismo, acusaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper "el consenso de la democracia" al aprobar "por la puerta de atrás en el mes de agosto" este decreto ley para modificar el Código Civil.

   En respuesta a esas acusaciones, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad defendió que es "jurídicamente correcto". Fuentes del Ministerio de Igualdad subrayaron a Europa Press que el ejercicio de la patria potestad modificado por el decreto ley "no es materia restringida".

   Por su parte, desde la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) han pedido al Gobierno que lo retire o, "subsidiariamente", han reclamado a los grupos parlamentarios en la oposición la no ratificación de este decreto ley. Dicha asociación judicial ha expresado dudas "de que concurran los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución" para su tramitación "al no quedar acreditados" los motivos de urgencia o excepcionalidad, al tiempo que ha tachado de "irregular" reformar el Código Civil a través de un acto legislativo del Gobierno.