Proponen control parlamentario sobre el cumplimiento, facilitar el cambio de apellido de los hijos y prioridad en el acceso a viviendas
MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han coincidido en ampliar en el Congreso los contenidos del decreto ley que aprobó el Gobierno en agosto con medidas contra la violencia de género. En concreto, buscan incluir a las madres de niños asesinados, permitir que las víctimas de esta lacra tengan ayudas y protección desde el momento en que se dicte la sentencia en primera instancia, y prohibir a los menores ir a visitar al maltratador a la cárcel.
Este catálogo de nuevas medidas, ausentes en el decreto del Ejecutivo, formaron parte de los pactos acordados en Congreso y Senado el año pasado y ahora los grupos parlamentarios quieren añadirlas aprovechando la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley.
Cerrado esta semana el plazo de enmiendas al articulado de esta norma, Europa Press ha tenido acceso a las propuestas de mejora de los partidos. En ellas se detecta un posible consenso de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en buenas parte de las medidas.
Así, todos ellos recogen la reclamación realizada por Ruth Ortiz --cuyos hijos fueron asesinados por su exmarido-- de extender las ayudas y protección como víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados o desaparecidos, siempre que esa muerte, desaparición o violencia grave "haya sido causada directamente" por pareja, expareja o persona con una relación similar de afectividad de la madre del niño.
La prohibición de que los niños no vayan a la cárcel a visitar a los maltratadores es otra de las medidas incluida en el Pacto que no había incluido el Gobierno, además de la que exige que las víctimas tengan medidas de protección desde la sentencia en primera instancia y que las penas se cumplan de forma inmediata.
TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
En este sentido, el PSOE incluye en sus propuestas la obligación de que, en un plazo de tres meses, el Ministerio de Justicia eleve una petición de informe a la Comisión General de Codificación para que estudie las modificaciones del Código Penal y la legislación procesal a fin de implementar las medidas que, en esta materia, se incluyen en los pactos contra la violencia de género aprobados en Congreso y Senado.
Aunque utilizando diferentes fórmulas, los cuatro principales partidos también incluyen en sus enmiendas la ampliación de la actual ley de violencia machista a todas las formas de violencia contra la mujer que se incluyen en los convenios internacionales, eso incluye las agresiones sexuales, la trata o los matrimonios forzados, entre otras.
También con diferentes planteamientos, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, quieren dar mayor protagonismo al control parlamentario en esta ley. Así, socialistas, 'populares' y 'naranjas' reclaman que la Comisión de seguimiento del pacto, creada en la Cámara baja, reciba los informes y estadísticas sobre esta lacra que elabore el Gobierno, a través de los organismos pertinentes. Ciudadanos quieren, incluso, que el Ejecutivo informe sobre los gastos realizados en esta materia.
UNIDO PODEMOS ESTABLECE POR LEY LOS PGE
Los de Pablo Iglesias van más allá, y quieren que esta comisión se sustituya por una permanente no legislativa que reciba todos los informes de la Delegación de Gobierno, Instituto de la Mujer y del nuevo Plan de Sensibilización, que se creará con esta reforma.
El grupo confederal también quiere establecer por ley los presupuestos destinados a esta materia. Así, quiere que la norma recoga que la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género reciba una subida en su partida del 20% con respecto a 2018 y, después, esta cantidad vaya subiendo un 15% más cada año, con respecto al anterior, hasta 2022. En cuanto a las partidas destinadas a Violencia de Género, deberán aumentar, según los 'morados' en 80 millones cada año en los próximos cinco años.
Esta formación también llama a regular en materia de sustracción de menores por razón de violencia machista, especializar a los equipos psicosociales, que las víctimas tengan acceso preferente a una vivienda de protección, o la puesta en marcha de ayudas para mujeres víctimas con ingresos mínimos.
Por otra parte, el PSOE propone facilidades para que los menores puedan eliminar el apellido del maltratador o cambiarlo, para mayor seguridad. Mientras, el PP quiere que no sea necesario el permiso del padre condenado para que el hijo reciba atención psicológico.
Según ha explicado el Gobierno, la reforma de esta norma, que se aprobó en 2004 durante el anterior Ejecutivo socialista, pretende incluir en esta ley todas las medidas del pacto que la modifican. Aún así, para implementar el acuerdo completo, que contenía más de 200 puntos, aún habrá que llevar a cabo otros trámites parlamentarios.
