Rodríguez dice que fondos europeos tienen "muchos canales de fiscalización" tras investigación de pulseras antimaltrato

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves los mecanismos de control y auditoría de los fondos europeos después de que la Fiscalía Europea haya iniciado una investigación por presunto fraude en el uso de recursos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas de seguimiento para maltratadores.

En declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntada por las gestiones del Ministerio de Igualdad, Rodríguez ha subrayado que los fondos comunitarios cuentan con "muchos canales de fiscalización y de auditoría".

"Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que los fondos europeos, porque los he gestionado, cuentan con muchos canales de fiscalización, de auditoría", ha defendido la titular de Vivienda, al tiempo que ha defendido que estos fondos fueron conseguidos por "el presidente del Gobierno y que ahora todos se hacen cargo de ellos para intentar rentabilizarlos".

La ministra también ha puesto el foco en el impacto de esta financiación en su cartera, asegurando que estos recursos han permitido "inyectar miles de millones de euros a la rehabilitación de vivienda" en España. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo ha rehabilitado "más de 500.000 viviendas gracias a estos fondos" y ha impulsado la construcción de un parque de vivienda asequible.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.

Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.