El Supremo estadounidense restringe las competencias del Gobierno federal en materia electoral por minorías

NUEVA YORK 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo estadounidense falló hoy a favor de facilitar las posibilidades de recurso de las jurisdicciones estatales contra las decisiones tomadas a nivel federal con respecto a la vigilancia del respeto de los derechos de las minorías en las elecciones celebradas en los estados del sur, establecidas en la Ley de Derechos de Votación de 1965.

Los jueces, sin embargo, evitaron derogar o modificar la ley, ya que ello supondría adentrarse en derechos recogidos en la Constitución.

El portavoz de los ocho jueces que votaron a favor de la sentencia final --sólo uno lo hizo en contra-- dijo que supone un revés a la jurisprudencia emitida hasta ahora por los tribunales de menor entidad y facilita los recursos de las entidades estatales para cuestionar los métodos de supervisión del proceso electoral que establezcan las autoridades federales.

La sentencia mantiene intacta en sus fundamentos la Ley de Derechos de Votación de 1965, diseñada especialmente para facilitar la emancipación de los ciudadanos negros de los estados del Sur, pero también en ciertos distritos de Nueva York, California y New Hampshire, tal como establece la Sección 5 de la norma. Así, las autoridades federales podrán seguir ordenando modificaciones del sistema electoral para evitar discriminaciones. En 2006, el presidente George W. Bush firmó la prórroga de la ley por otros 25 años.

Los conservadores defendían la derogación de este privilegio federal argumentando que, en un país que ha elegido a un presidente negro, la Constitución no debe permitir ya unas competencias "intrusivas" de los organismos locales.

El caso tiene su base en una demanda de las autoridades de un pequeño distrito electoral texano que ni si quiera existía hasta finales de la década de 1980 y en el que no había antecedentes de denuncias por discriminación y que aspiraba a que se le eximiera de la Sección 5. De no aceptarse su petición, emplazó a los tribunales a derogar la ley por inconstitucional.

La sentencia del Supremo establece que todas las instancias políticas y circunscripciones podrán pedir la exención de la Sección 5 si pueden demostrar un historial de diez años sin incidentes de discriminación racial. Hasta ahora, los tribunales inferiores establecían criterios mucho más duros, eliminando en la práctica las opciones de exención.

Precisamente el único juez negro del Supremo, Clarence Thomas, ha sido el único que ha votado en contra de la resolución y defendido la abolición de la Sección 5 por considerarla un abuso del poder del Congreso sobre los estados.