Sindicatos piden auditar los centros de menores tras la muerte de una educadora en Badajoz y una Ley Básica Estatal

Manifestación por la Educadora social asesinada en un piso tutelado por tres menores, en la calle Castillo de Benquerencia de la urbanización Guadiana, a 10 de marzo de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). Los tres menores, dos chicos y una chica han s - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido que se lleven a cabo auditorías "inmediatas" en todos los centros de menores del Estado para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y de la normativa vigente y UGT Servicios Públicos ha defendido la necesidad de una Ley Básica Estatal, tras el presunto asesinato de una educadora en el ejercicio de su labor en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores en Badajoz.

Para CCOO, este caso evidencia las "graves deficiencias" del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación que "priorizan el ahorro económico sobre la seguridad" de los trabajadores y los menores. Además, ha añadido que "debido a las exigencias de las licitaciones públicas a la baja, impulsadas por la Administración, los centros operan con plantillas mínimas, recursos insuficientes y protocolos de seguridad obsoletos".

"Esta tragedia no es un accidente. Es el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal", ha subrayado la organización, que reclama que se investiguen las circunstancias de la agresión mortal, así como las "posibles irregularidades" en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro.

En este escenario, CCOO reclama también la "reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas". Pide también "protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto".

"Ante los indicios de que se han cometido irregularidades, CCOO exige que se depuren responsabilidades administrativas para que las personas que se han comportado de manera negligente en el ejercicio de sus funciones no queden impunes", ha recalcado.

Durante esta semana el sindicato convocará concentraciones por todo el Estado "en solidaridad" con la familia de la víctima y sus allegados, y "en repulsa por la agresión mortal". CCOO se ha puesto a disposición de la familia de la víctima para asesorarla en todo aquello que necesite.

PRECARIEDAD LABORAL SISTEMÁTICA

Por su parte, UGT Servicios Públicos denuncia la precariedad laboral sistemática de los profesionales de los Servicios Sociales y solicita una reunión "urgente" con el Gobierno para abordar la situación del sector y la necesidad de una Ley Básica Estatal.

El sindicato ha condenado "enérgicamente" el caso y ha manifestado que hechos como los sucedidos en un centro de menores en Badajoz evidencian que "son las personas trabajadoras de los servicios sociales quienes únicamente sostienen con su vocación y a costa de sus derechos laborales un sistema muy precarizado". "Un sistema en el cual son muy habituales la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la desprotección de sus profesionales ante situaciones que diariamente ponen en riesgo su integridad física y psicológica", ha señalado.

UGT Servicios Públicos hace un llamamiento "urgente" a la clase política española a que "de una vez por todas, se materialice una norma estatal básica que, haga posible que se adopten criterios comunes de calidad en toda la red integrada de sistemas públicos de servicios sociales, relativos a los recursos materiales, la calidad en el empleo y la dignidad en el trato, entre otros, en aras de asegurar la accesibilidad universal de la ciudadanía a los mismos, y en consecuencia, la igualdad y cohesión social en todo el territorio".

Del mismo modo, el sindicato exige "a todos los niveles de la administración pública con competencias en servicios sociales, que se garantice de manera estable la financiación del sistema y de unas condiciones laborales dignas para sus profesionales, independientemente de su provisión por gestión directa o indirecta mediante colaboración público-privada".