El Defensor del Pueblo pide que el menor acogido cuente como un hijo más al concederse una prestación asistencial

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CONGRESO
Publicado 11/06/2019 15:14:14CET

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo vería "de interés" que los menores en acogida familiar permanente cuenten igual que el resto de hijos a la hora de recibir una prestación asistencial o no contributiva, que se concede a personas en situación de necesidad (por ejemplo, a ciudadanos en situación de invalidez o a parados de larga duración).

Así lo recomienda en su Informe Anual 2018 entregado este martes por el dirigente en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

Para conceder esta prestación asistencial se tiene en cuenta el número de miembros de la familia y sus ingresos, por lo que la diferencia entre contar un miembro más o menos en la unidad familiar podría determinar la concesión o no de la prestación.

Si bien, según señala la institución, actualmente, las leyes "impiden equiparar al menor en acogimiento familiar permanente a un hijo a efectos de su integración en la unidad económica, aun cuando dicha aplicación sería de interés para los menores acogidos y serviría de apoyo e incentivo para las familias de acogida".

Por ello, sugiere elaborar una propuesta de modificación normativa para que a la hora de conceder una prestación asistencial se cuente al menor acogido como un miembro más de la unidad familiar.

Asimismo, el Defensor del Pueblo pide que se contemple expresamente en la norma "que las prestaciones económicas por nacimiento, adopción de hijo o acogimiento de menor están excluidas del cómputo de rentas de la unidad económica de convivencia". El Defensor señala que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) está elaborando un documento en dicho sentido.

La institución ya había dejado constancia en anteriores informes de "la necesidad de que se incentiven los acogimientos familiares" frente al acogimiento residencial. Para priorizar el acogimiento familiar, señala que las administraciones públicas han de adoptar políticas integrales encaminadas a apoyar a las familias de acogida.

En este ámbito, esta institución instó en 2018 a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a concretar las medidas que tiene previsto adoptar para priorizar los acogimientos familiares frente al acogimiento residencial, dado que no se ha pronunciado sobre la recomendación formulada en ese sentido en 2017.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo avisa de que, tres años después de la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Adopción Internacional, que encomienda a la Administración General del Estado nuevas funciones sobre los organismos acreditados para este tipo de adopción, "sigue sin aprobarse el correspondiente reglamento por lo que las citadas funciones continúan sin ser ejercidas".

MENOS DE 45 AÑOS DE DIFERENCIA CON EL NIÑO ADOPTADO

Además, la institución formuló a la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja una recomendación para que fijara el límite de diferencia de edad máxima entre adoptante y adoptado en 45 años, a fin de ajustar sus normas a la nueva redacción del artículo 175 del Código Civil.

La recomendación fue acogida por la consejería. En concreto, cuando sean dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptado. Asimismo, si los futuros adoptantes están en disposición de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia máxima de edad podrá ser superior.

La institución dirigida por Fernando Marugán también aconseja que se reforme "a la máxima brevedad" la Ley de Protección a las Familias Numerosas, ante el "considerable" número de quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo poniendo de manifiesto "desigualdades y situaciones, en ocasiones injustas, que se producen por la aplicación estricta de la ley" ante los nuevos modelos de familia.

Según indica la institución, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales ha informado de que se trabaja en un documento de propuesta de revisión de dicha ley, con el propósito de introducir mejoras tanto sustantivas como de carácter técnico, para acompasarla a la evolución social, jurídica, económica y demográfica de las familias.

El Defensor del Pueblo añade que "continúa también sin aclarar el criterio relativo al mantenimiento de la categoría especial de familias numerosas cuyos hijos mayores cumplen la edad establecida para dejar de formar parte del título". Esta interpretación se encuentra pendiente del criterio que fije el Tribunal Supremo.

CON DOS NACIMIENTOS DE GEMELOS Y SIN TÍTULO DE NUMEROSA

La institución recoge en el informe el caso de una ciudadana residente en la Comunidad de Madrid que tuvo dos nacimientos de gemelos y a la que la Consejería de Políticas Sociales y Familia denegó el título. El Defensor del Pueblo señala que está a la espera del informe de aceptación o rechazo de la sugerencia por parte de la consejería.

Asimismo, recibió quejas relativas a la demora de las administraciones al proceder a la renovación de los títulos de familia numerosa, causando "perjuicios directos e indirectos, como la pérdida del bono social de suministro de luz o agua, la pérdida de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social o las bonificaciones para el estudio" o "no poder disfrutar de las ventajas del transporte urbano e interurbano".

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