El Gobierno británico estudia introducir una "ciudadanía condicional" para los inmigrantes legales
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El modelo español de contratación de inmigrantes en origen es positivo "si se gestiona bien" y quizá Reino Unido podría "aprender de España" en este sentido, según Jill Ritter, experta en materia de inmigración, igualdad y ciudadanía del Instituto para la Investigación de la Política Pública (IPPR), que colabora con el Gobierno británico aunque tiene carácter independiente.
"El IPPR apoya este tipo de acuerdos de cooperación con los países de origen", señaló Ritter en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntada por los acuerdos alcanzados por el Gobierno español en los últimos años por varios países de Africa Occidental que conjugan la ayuda al desarrollo con asistencia en materia de seguridad y contratación en origen, a cambio de un mayor control de la inmigración ilegal por parte de estos países.
Según la experta británica, este tipo de acuerdos "si son gestionados bien son positivos para los países de origen". En el caso de Reino Unido, aunque existen algunas agencias privadas que llevan a cabo contrataciones en origen, el Gobierno británico no tiene ningún plan en este sentido pero, según Ritter, "podría aprender de España" y de sus programas bilaterales.
Por otra parte, en cuanto a los planes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó que en Reino Unido los inmigrantes legales procedentes de los países de la Commonwealth "tienen derecho a votar en todas las elecciones y los de la Unión Europea votan en las elecciones locales y europeas".
En su opinión, "los inmigrantes regulares deberían poder votar" puesto que esto "hace que estén más al tanto de lo que ocurre a su alrededor" y fomenta su participación en la vida política y social. "La integración política es parte de la integración" de los inmigrantes, resaltó, si bien hizo hincapié en que hay que tener en cuenta las "especificidades" de los inmigrantes en función de sus países y sus tradiciones democráticas.
FACTOR LINGÜÍSTICO
Según explicó Ritter, España y Reino Unido tienen muchos aspectos en común en materia de inmigración: los dos países necesitan a temporeros para su agricultura, gran parte de la inmigración se produce por una cuestión lingüística --de Latinoamérica en el caso de España y de los países de la Commonweath en el caso británico-- y su alta tasa de natalidad viene a suplir la baja natalidad de los nacionales.
En Reino Unido, "la inmigración se ha contraído en los dos últimos años", lo que, dijo, podría ser un "síntoma de la recesión". De hecho, añadió en declaraciones a Europa Press, "el paro por primera vez desde los años 60 ha superado el 5% tras aumentar considerablemente".
Esta situación, junto con la "mala imagen de la inmigración que dan los medios de comunicación, en particular los tabloides" han provocado un "aumento de las tensiones comunitarias" en los últimos años. Muchos británicos, afirmó, "reprochan a los inmigrantes la bajada de los salarios y la falta de acceso a viviendas de protección".
Así las cosas, "si hay recesión este tipo de debates se van a acelerar", pero "no se sabe lo que va a pasar" y por tanto, reconoció, es difícil predecir si los inmigrantes van a optar por regresar a su país de origen. No obstante, reconoció que en los últimos años han caído las solicitudes de visado de trabajo.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno que dirige Gordon Brown, resaltó los esfuerzos para acabar con los "falsos solicitantes de asilo" y en la "simplificación de los visados". Según Ritter, "el año pasado había 80 modelos de visado". Ahora, aclaró, existe "un formulario para los inmigrantes cualificados y podría haber otro para los no cualificados en el futuro".
"CIUDADANÍA CONDICIONAL"
Pero quizá la cuestión más novedosa que tiene entre manos el Ejecutivo británico, y que se prevé sea presentada formalmente en los próximos meses, es su proyecto de "ciudadanía condicional". Según explicó Ritter, se está estudiando acabar con los permisos de residencia permanente --ya sea por trabajo o por motivos familiares-- y crear una fase previa en la que el inmigrante legal recibiría la "ciudadanía condicional" a falta de recibir la ciudadanía definitiva.
Actualmente, y dependiendo del país de procedencia, se deben esperar cinco años antes de conseguir el permiso de residencia permanente --en el caso de los cónyuges de los inmigrantes con dos años basta--. De aprobarse la propuesta de los laboristas y que, según Ritter, podría contar con el respaldo de los 'tories', se concedería a los inmigrantes "una ciudadanía a prueba, por un periodo aún por determinar" y se les sometería a un examen de inglés y de ciudadanía.
Además, el Gobierno contempla la posibilidad de que aquellos que realicen actividades de voluntariado en sus comunidades puedan acelerar el proceso y acortar el plazo para recibir la ciudadanía definitiva.
Los planes del Ejecutivo "han sido bien recibidos en general, aunque algunos colectivos de inmigrantes, especialmente los procedentes de India, Pakistán y Bangladesh, y las organizaciones de defensa de los derechos de los refugiados han denunciado que con esta fórmula se alargará el plazo de espera".
