El Gobierno de Rumanía no tiene "ninguna prueba" de que sus emigrantes en Italia vayan a trasladarse a España

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Emigración del Gobierno de Rumania, Mihai Gheorghiu, aseguró hoy que no existe "ninguna prueba" de que sus compatriotas amenazados de expulsión en Italia vayan a trasladarse a España.

"Es un fenómeno que no se va a producir", señaló Gheorghiu en rueda de prensa tras visitar el municipio madrileño de Coslada, al tiempo que añadió que "no se puede hablar de éxodo" de los rumanos asentados en Italia.

Asimismo, Mihai Gheorghiu destacó la "colaboración" entre el Ejecutivo rumano y español para evitar que estos ciudadanos "emigren hacia España", e insistió en que la situación ocurrida en Italia no va a afectar a este país.

"No hay ningún indicio que nos haga pensar que se va a producir una oleada de rumanos hacia España", agregó la embajadora de Rumanía en este país, María Ligor, en declaraciones a Europa Press.

RESTRICCIÓN DE MANO DE OBRA HASTA 2009

Por otra parte, el secretario de Estado para la Emigración pidió al Gobierno español que levante la moratoria que impide a los rumanos trabajar libremente en España. El Ejecutivo decidió establecer una moratoria de dos años, hasta 2009, que restringe la entrada de mano de obra rumana en nuestro país.

"La gente tiene que poder trabajar. (Los rumanos) tiene que ser respetados y tienen que poder usar las libertades que emanan de ser miembros de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007", aseveró Gheorghiu.

Mientras, la embajadora de Rumanía en España manifestó que los rumanos, desde su entrada en la UE, pueden "circular libremente pero no tienen el derecho a trabajar legalmente", lo que, a su juicio, produce una "situación paradójica".

De esta manera, Ligor afirmó que esta circunstancia produce en los rumanos "una gran tentación de trabajar en el mercado negro". Así, explicó que los ciudadanos rumanos que viven en España se ven obligados a trabajar "de manera ilegal" porque tardan "alrededor de cinco meses" en obtener el permiso de trabajo.

Ligor subrayó las "buenas relaciones" con los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y mostró "optimista" ante la posible retirada de la moratoria por parte del Gobierno. "Desde el Ministerio nos han dicho que analizan 'con mucho afecto la situación de los rumanos'", agregó.

Por último, el alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, recalcó que el colectivo rumano está jugando "un papel relevante en el desarrollo y crecimiento" del municipio y añadió éstos "han calado en Coslada". En este municipio madrileño viven cerca de 16.000 personas, lo que supone el 18 por ciento de la población total.