La oficina del Defensor del Pueblo reclama soluciones urgentes al problema de los inmigrantes indocumentados

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Calva, acusó hoy al Gobierno español de "taparse los ojos" ante el problema de los inmigrantes indocumentados y de "estar creando unas enormes masas de gente que no pueden ser expulsadas del país y a las que prohíbe trabajar, aunque han de comer y de vivir como cualquier otra persona".

Calva instó al Gobierno español a "facilitar a los inmigrantes indocumentados una identidad provisional para que puedan trabajar", durante su intervención en una mesa redonda de las jornadas 'Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral', organizadas por UGT en el Palacio de la Magdalena, junto con el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo; y el adjunto de esta última institución, Luis Pizarro.

Para la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo "es claro que un inmigrante indocumentado no puede ser expulsado de España porque o no sabe de dónde procede o no puede ser devuelto a un país que está en guerra", por lo que, en opinión de Calva, "habrá que tomar medidas y preguntarse que si no pueden trabajar, de qué van a vivir".

La ponente criticó también al Ejecutivo central por no haber aceptado la petición del Defensor del Pueblo de "no expulsar a aquellos inmigrantes sin papeles que denuncien casos de discriminación" y rechazó el argumento oficial de que un documento de identidad para los inmigrantes indocumentados venga a ser lo mismo que concederles un permiso de residencia porque "eso no es cierto".

Para la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, "hay que tomar una determinación y en este caso hay dos políticas posibles: abrir las puertas, que no se puede hacer; o invertir en los países de procedencia para que esto no ocurra".

MEJORÍA CON LAS REGULARIZACIONES.

Calva reconoció que "las distintas regularizaciones han mejorado la situación de los trabajadores extranjeros en los últimos años", aunque precisó que "todavía queda mucho por hacer en esta materia".

La responsable de la oficina del Defensor del Pueblo instó a los ciudadanos a recurrir a esta institución, creada en 1978, para denunciar casos de discriminación porque para ello "no se necesita abogado, estamos abiertos las 24 horas al día todos los días del año y siempre es necesario que alguien te escuche".

María Luisa Calva matizó que la oficina del Defensor del Pueblo no trata a menudo casos de discriminación en el ámbito laboral porque no dispone de muchas competencias legales en este terreno y se quejó de las pocas opciones de la institución de interponer recursos de amparo porque "apenas hay tiempo para ello en los 20 días estipulados por la Ley y encima hay muchos requisitos legales que hay que cumplir".

LAS MUJERES SE INFORMAN MÁS PERO DENUNCIAN MENOS.

El Defensor del Pueblo de Andalucía desde el año 1996, José Chamizo, aludió también a los inmigrantes, y en especial a las mujeres, como "uno de los colectivos con mayor número de discriminaciones, tanto de explotación laboral y sexual e incluso con casos de secuestro".

Chamizo aseguró que las mujeres recurren mucho más que los hombres a la oficina de información del Defensor del Pueblo en Andalucía, aunque a la hora de denunciar por escrito las discriminaciones "en un 54% de los casos el denunciante es un hombre".

El Defensor del Pueblo de Andalucía reiteró que el colectivo de inmigrantes "no está en una situación adecuada en este país porque no termina de respetarse sus derechos", subrayó el elevado número de casos tratados en discriminaciones con mujeres con alguna discapacidad física o mental y aunque puntualizó las limitaciones legales de la institución que preside para actuar en el ámbito laboral.

En este último sentido, José Chamizo agregó que el Defensor del Pueblo sólo puede intervenir en casos de discriminación laboral en empresas públicas, aunque cuando se observa alguna en la empresa privada suele mediar para informar a los servicios públicos de asesoría laboral.

El Defensor del Pueblo de Andalucía mostró su preocupación por el creciente número de despidos encubiertos de mujeres embarazadas que, "aunque parezca mentira, existen, y en un gran número de casos en empresas subcontratadas o concesionarias de administraciones públicas, principalmente ayuntamientos.

DISCRIMINACIÓN POR SEXO EN LAS CÁRCELES.

Luis Pizarro, Adjunto del Defensor del Pueblo de Andalucía y responsable en esta institución de Justicia y Prisiones, cerró el turno de intervenciones en la primera mesa redonda de las jornadas de UGT con la exposición de un estudio realizado en los centros penitenciarios andaluces que "confirma que hasta en personas privadas de libertad y de algunos derechos, se producen notables discriminaciones entre hombres y mujeres".

Según el mencionado estudio, las algo más de un millar de presas en cárceles andaluzas no disponen, entre otras carencias impropias en los hombres, del principio de separación entre reas con distinto grado de pena, sufren discriminación sanitaria en atención ginecológica y psiquiátrica, sólo disponen de módulos para estar con sus hijos recién nacidos en dos centros penitenciarios, no cuentan con una enfermería específica de su sexo, no cuentan con módulos de tratamiento de toxicologías y padecen todo tipo de discriminaciones en los trabajos remunerados y en educación.