Traslada a su homóloga europea incumplimientos del Código de Conducta de FRONTEX que debe regir en estos operativos
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha enviado una batería de propuestas a su homóloga en Europa para mejorar los vuelos de deportación de inmigrantes que organiza FRONTEX tras constatar que el Código de Conducta de esta agencia que debería regir, no siempre se cumple. Pide que se graben los operativos y haya siempre sanitarios e intérpretes a bordo del avión.
Se trata de un decálogo de recomendaciones fruto de la experiencia de la defensora en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura monitorizando estos vuelos en los que se ejecuta la deportación forzosa de extranjeros a sus países de origen por motivos como carecer de permiso de residencia en España o haber cometido determinados delitos.
En su escrito, detalla varios puntos que pese a estar recogidos en la normativa de FRONTEX, en la práctica no se cumplen, como la presencia de personal sanitario a bordo. "En algún vuelo supervisado el personal médico fue designado por la Policía de España porque FRONTEX no lo había previsto, contrariamente a lo señalado en su Código de Conducta".
Lo mismo ocurre a la hora de embarcar a los inmigrantes. El Código prevé que se garantice que las personas que van a ser deportadas "están en condiciones de poder volar" y Becerril recomienda que en consecuencia, se efectúe un reconocimiento médico previo al embarque. "Se debe conocer exactamente si el estado de salud de todos los repatriados les permite volar", dice la Defensora.
En todo caso, dice, "todas las personas que hayan sido objeto de un procedimiento fallido de deportación", lo que ocurre por razones varias como que opongan resistencia, que les falte documentación o que el piloto se niegue a embarcarles, "deben ser sometidas a un examen médico inmediatamente después, tal y como señala el Informe General del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura".
Además, solicita que se exija al país que organiza el operativo que en las aeronaves haya un desfibrilador y un frigorífico para conservar medicamentos si es necesario, pues "los aviones en que se realizan los vuelos no cuentan" con este equipamiento.
También del área sanitaria, apunta que "para preservar la intimidad personal de los ciudadanos que van a ser expulsados, debería especificarse en el Código de Conducta de FRONTEX que sólo el personal sanitario puede tener acceso a los documentos médicos" de estas personas.
La Defensora ha encontrado asimismo que si bien el citado Código permite grabar los operativos de deportación, en ninguno de los que ha supervisado había sistemas de videograbación. Solicita que se graben estos vuelos, especialmente "los operativos problemáticos", es decir, "cuando la deportación se considera difícil".
SIN POSIBILIDAD DE RECLAMAR
También acusa la falta de intérpretes en algunos de los vuelos supervisados "a pesar de lo señalado en el artículo 11.2 del Código de Conducta" o la ausencia de mecanismos de reclamación para los expulsados, a quienes "no se les informa sobre la posibilidad de reclamación en el caso de que entiendan que se han vulnerado sus derechos fundamentales".
"Esto es contrario a lo establecido en el artículo 5.2 del Código de Conducta y de la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo y de lo dispuesto en la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa", señala Becerril.
En esta línea, solicita que se fije en el Código de Frontex que "los escoltas y participantes en la expulsión deben estar identificados y ser perfectamente distinguibles de forma que puedan ser identificados si existe alguna reclamación".
La Defensora llama la atención, por último, sobre la necesidad de establecer "la forma de realizar la conducción de mujeres embarazadas y menores de edad hasta el avión y su ubicación en el mismo de forma que no tengan contacto con otros extranjeros que no sean de su familia".
De todas estas recomendaciones ha dado cuenta Becerril durante su intervención en el X Seminario de la Red Europea de Defensores del Pueblo, celebrado en Varsovia (Polonia) estos días, un encuentro en el que ha recordado que como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, supervisó siete vuelos entre 2013 y 2015, el último muy recientemente, en persona.
"Ahora más que nunca, nosotros, los Ombudsman, necesitamos prestar especial atención a todos los procesos originados en la Unión Europea para retornar inmigrantes a sus países de origen. No queremos añadir más dolor y sufrimiento a las vidas de personas que tratan de escapar de la guerra y del hambre o que simplemente buscan un futuro mejor para ellos y sus familias", señaló ante sus homólogos del resto de Europa.
Según los últimos datos disponibles, la Comisaría de Extranjería y Fronteras fletó en diez meses del año pasado un total de 38 vuelos internacionales exclusivos o comerciales para ejecutar la deportación de 1.167 personas. Entre enero y julio, estuvo involucrada en 24 vuelos de iniciativa o financiación de FRONTEX con los que expulsó a 700 extranjeros.
