MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las dos principales asociaciones de secretarios judiciales celebraron hoy la decisión de la Audiencia Nacional de reducir de dos años a seis meses la sanción impuesta por Justicia para Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado que no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. No obstante, este colectivo insiste en la necesidad de reformar su régimen disciplinario para delimitar las competencias de jueces y secretarios.
"Nos parecía una tropelía lo que se le había impuesto y por fin hemos encontrado un juez que se ha abstraído de la presión populista y ha juzgado en equidad, ha sido una alegría", dijo en declaraciones a Europa Press la portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Miriam González.
En ese sentido, denunció que, cuando se aprobó el reglamento disciplinario de los secretarios judiciales, el CNSJ ya presentó enmiendas al texto. "No nos parecía el correcto pero no tuvimos éxito, consideramos que era excesivo en las sanciones que establece y su régimen", explicó.
Calificó como "desmesurada" y "exagerada" la sanción que, según dijo, "obedecía más motivos ajenos". "Se trató de buscar una cabeza de turco y cortarla", dijo en alusión a la gestión desarrollada por el ministerio, dirigido entonces por Mariano Fernández Bermejo.
"SIGUE SIENDO EXCESIVA"
Según la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Margarita Martínez, "se demuestra que la sanción de Justicia fue absolutamente desproporcionada como mantuvimos entonces". "Seguimos pensando que es excesiva la sanción porque el régimen disciplinario de secretarios es más severo que el de jueces, que son quienes tienen más responsabilidad", añadió en declaraciones a Europa Press.
En ese sentido, añadió la necesidad de reformar el régimen disciplinario "para introducir en él la multa como sanción ya que en la actualidad no existe, directamente se suspende de empleo y sueldo". "Se demuestra una vez más la necesidad de delimitar las competencias de los secretarios judiciales para que respondan por sus acciones y no por la de otros.
