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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un total de 77 organizaciones sociales se han unido para exigir, a través de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, la comparecencia del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en relación a la devolución automática a Marruecos de los migrantes que el sábado 10 de septiembre protagonizaron un salto de la valla de Ceuta.
Las entidades, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, CEAR, SOS Racismo Madrid o el Servicio Jesuíta a Migrantes, han contado con el apoyo de Unidos Podemos y Compromís para el registro de la solicitud en la Cámara Baja y, según ha explicado su portavoz, Javier Baeza, están a la expectativa de que otros partidos se puedan sumar. Para ello, se reunirán con el resto de grupos para registrar "mucho más la pluralidad de la ciudadanía".
Baeza reconoce que no sabe si esta petición se podrá llevar a cabo, por "el panorama complejo" de la política española actual y también "por las fechas". "Nos han dicho que si vuelve a haber elecciones las cámaras se disolverán el 31 de octubre, lo que se une a la nula actitud del Gobierno en funciones para dar explicaciones", ha apuntado.
Aún así, ha destacado que ellos han llegado donde han podido, que es solicitar la presencia de Fernández Díaz y dar visibilidad a lo ocurrido el 10 septiembre en Ceuta y que también de produce en Melilla en "numerosas ocasiones a lo largo del año".
VULNERACIÓN DE DERECHOS
"Las devoluciones a pie de valla no son una actividad extraña. Cuando hay saltos, las fuerzas que intervienen suelen repeler, con formas que no atienden al derecho, a las personas que están arriba y lo que queremos es que los parlamentarios pregunten al ministro del Interior respecto a esos derechos que entendemos que se han vulnerado, porque creemos que hay datos suficientes para demostrarlo", ha declarado Baeza ante los medios.
El portavoz de las entidades sociales ha recordado que la defensora del Pueblo y ACNUR han denunciado también las prácticas que vulneran los derechos humanos internacionales. Así, recuerdan que los agentes de la Guardia Civil que operan en las vallas devuelven a Marruecos personas susceptibles de ser solicitantes de asilo, menores o heridos, "sin tener en cuenta su situación personal".
Recuerdan que estas prácticas, a pesar de su aplicación, "siguen siendo ilegales" e inciden en que la Ley de Extranjería, pese a recoger la figura del "rechazo en frontera" para las personas interceptadas en el salto de las vallas tampoco las ampara, porque la norma exige expresamente que en ese proceso "se respete la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte", lo que significa no realizar expulsiones colectivas ni sin identificación individual de los afectados.
"Incluso la Defensora del Pueblo en varias Recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior ha solicitado que se aplique en estos casos 'la necesidad de dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella'", recuerdan las entidades.
En esta línea, el Defensor también viene recomendando a Interior que en esos procedimientos se deje "constancia escrita" de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, algo incompatible con una devolución automática.
"El Ministerio del Interior ha rechazado o no está aplicando todas estas recomendaciones, poniendo con ello de manifiesto una práctica de vulneración sistemática de derechos fundamentales, hecho este lo suficientemente grave como para solicitar su urgente comparecencia", dicen las organizaciones.
En concreto, quieren que explique la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con las devoluciones practicadas a través de la valla de Ceuta y que especifique "cómo ha de entenderse y aplicarse" la mencionada reforma de la Ley de Extranjería en estas fronteras para cumplir su mandato de respetar el Derecho Internacional.
