El Gobierno aprueba el Reglamento de Extranjería, que "incentiva el retorno" de los inmigrantes

EUROPA PRESS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente Primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el Reglamento de Extranjería, que la norma "alienta" e "incentiva el retorno" al país de origen de los inmigrantes que han perdido el empleo, al introducir medidas como respetar la antigüedad de residencia en España para que si regresan, tengan más fácil el acceso a un permiso de residencia de larga duración o a la nacionalidad.

"Es verdad que hay mucha gente que se resiste a volver porque lleva muchos años trabajando en España, piensa que es como si lo perdiera todo y no es justo. No es justo que esa gente que ha trabajado en España y que por tanto, ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que ha estado aquí trabajando y se le equipare a aquellos que vienen por primera vez", ha explicado.

Por eso, en su opinión, ésta es "una manera de hacer justicia que, al mismo tiempo, incentiva el retorno" ya que se va a reconocer "ese trabajo que ha hecho" el inmigrante, de forma que "se le contabilice esa presencia a todos los efectos" si "un día quiere volver y ciertamente la economía española, como parece, empieza a remontar y se necesita mano de obra".

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Otro de los asuntos que ha destacado Rubalcaba es el desarrollo reglamentario de la protección de víctimas de violencia de género que se encuentren en situación irregular, con el objetivo de que estas mujeres "no tengan miedo de ir a la comisaría pensando que eso les va a suponer la expulsión" del territorio nacional.

"Si hay una persona que está sufriendo un ataque de violencia de género y está en situación irregular, que sepa que el que vaya a una comisaría a denunciarlo no significa que se le expulse", ha explicado, para destacar que esto "no es así ya en la práctica, pero a partir de ahora no lo va a ser tampoco porque una norma lo va a impedir". Según ha concretado, ante un caso así "se para el procedimiento de expulsión y se le da (a la mujer) el tratamiento que corresponda a lo que le pasa, que no es que esté irregular, es que está teniendo malos tratos en su ámbito familiar".

El Reglamento recoge además, que si este procedimiento sancionador "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal". En cualquier caso, no se resolverá hasta que exista sentencia condenatoria sobre el maltratador o resolución judicial que acredite su condición de víctima de violencia de género y, mientras se dirime el proceso, tanto la mujer como sus hijos podrán tener acceso a permisos temporales de residencia y trabajo.

COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.

Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.

En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".

Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

INFORMES SOBRE EL ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

Sobre este asunto, el desarrollo normativo da forma, además, a la previsión legal de que las administraciones autonómicas acrediten el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. "Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización", indica.

En concreto, este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de

residencia".

En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.

Para Rubalcaba este es un "Reglamento importante" que "tiene un amplio consenso" y se inscribe en la política de inmigración del Gobierno, por tanto, está centrado en "ordenar" la inmigración con una "relación directa con el empleo", luchar contra los flujos irregulares y "procurar la integración" de los extranjeros, lo que, según ha dicho, "siempre" tiene la doble dirección de "derechos y deberes".