El Defensor del Pueblo reitera los "problemas y dificultades" para acceder al sistema de asilo y plazas de acogida

Publicado 20/06/2019 13:00:35CET
SALVAMENTO MARÍTIMO/ ARCHIVO

   MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reiterado la necesidad de "mejorar la coordinación" entre las administraciones con competencias en materia de protección internacional, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este 20 de junio.

    Desde la institución han destacado este jueves que, según se refleja en el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo que se ha presentado recientemente, el mayor número de quejas recibidas en esta materia tiene que ver con los "problemas" de acceso al procedimiento de protección internacional" así como a las "dificultades" para obtener una plaza en el sistema de acogida.

   Tal y como se plasmaba en ese documento, el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional es, a pesar de los esfuerzos realizados, "claramente insuficiente". La institución estima que en 2018 "tan solo" se había aumentado la capacidad de acogida para solicitantes de protección internacional en 8.440 personas, mientras que sólo en el año pasado unas 54.000 personas formularon una nueva petición de asilo.

   Fernández Marugán también precisa que le ha sido imposible conocer el número de plazas de acogida existentes para atender a refugiados, una información que considera de "capital importancia" para responder a las múltiples quejas por demoras en el acceso a una plaza.

   De hecho, la Iglesia de Madrid registró una queja en dependencias de este organismo para denunciar la desatención de varias decenas de personas solicitantes de protección internacional a las que se ha dejado "literalmente en la calle".

   Para el Defensor, durante 2018 no se han adoptado las medidas de choque necesarias para evitar que, en varios momentos del año, un número significativo de estas personas pudiera acceder a un recurso residencial adecuado a su situación.

   Entre ellas se encuentran, según reseña, aquellas que no pueden acceder al sistema de acogida porque no consiguen cita para formular sus solicitudes y las que, una vez agotados todos los plazos previstos, aún no tienen resuelta su solicitud de protección internacional, a pesar de haber transcurrido el plazo legalmente previsto.

   A juicio del organismo, el reparto de competencias en materia de protección internacional entre los ministerios del Interior y de Trabajo y Migraciones necesita de una actuación urgente para mejorar las carencias de coordinación apreciadas.

"COLAPSO PROGRESIVO" DEL SISTEMA

   Así, el Defensor del Pueblo viene alertando de la situación en la que se encuentra el sistema de acogida español para personas solicitantes de protección internacional desde 2015. En el informe monográfico presentado en 2016 sobre la situación del asilo en España ya alertó del "colapso progresivo".

   Por otro lado, el Defensor confía en la utilidad de las medidas de refuerzo adoptadas durante este año en la Oficina de Asilo y Refugio para dotarla de más medios materiales y personales permitan a medio plazo mejorar la resolución de los expedientes.

   En su informe anual, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia los más 100.000 expedientes acumulados en los últimos años, que siguen pendientes de resolución. Por su parte, desde el Ministerio del Interior aseguraron que en lo que va de año se están resolviendo de media unas 1.700 solicitudes de protección internacional al mes, lo que supone un ritmo "muy superior" al del año pasado, tal y como destacaron fuentes de este departamento a Europa Press.

   Según recalca el Defensor del Pueblo, las "numerosas" quejas recibidas durante 2018 relacionadas con el acceso al sistema se centran mayoritariamente en Madrid, donde también se detectan dificultades de acceso a la protección internacional en el CIE de Aluche (Madrid), aunque también en la llegada en pateras. Asimismo, manifiesta especial interés en garantizar el acceso a los solicitantes menores de edad.

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