5 de junio de 2020
 
Actualizado 13/05/2020 10:25:54 +00:00 CET

El Defensor del Pueblo reivindica el impacto positivo de la inmigración contra "juicios poco informados" y "xenófobos"

Llegada al puerto Málaga de 75 personas, donde han sido rescatadas por Salvamento Marítimo, cuando navegaban a la deriva en una patera, en Málaga a 29 de octubre 2019
Llegada al puerto Málaga de 75 personas, donde han sido rescatadas por Salvamento Marítimo, cuando navegaban a la deriva en una patera, en Málaga a 29 de octubre 2019 - Álex Zea - Europa Press - Archivo

   En un monográfico, desmiente que los extranjeros acaparen las pensiones no contributivas, subsidios, ayudas o prestaciones sociales

    MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo reivindica en un estudio monográfico el impacto "positivo" de la inmigración, un fenómeno que, según defiende, "ha sido, es y será una oportunidad e incluso una necesidad desde el punto de vista económico". La institución lanza este informe con el objetivo de para "rebatir los juicios poco informados, cuando no obstinadamente xenófobos" que "frecuentemente resaltan un mensaje netamente negativo" de los migrantes.

   El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha querido incorporar al Informe Anual de 2019 presentado este miércoles un volumen extra en el que se analiza la contribución de la inmigración a la economía española. Precisamente el año pasado estuvo marcado por los discursos antiinmigración por parte dirigentes del partido de Vox, que en las elecciones generales del 10 de noviembre irrupción como tercera fuerza política en el Congreso.

   Con estos monográficos, Fernández Marugán quiere hacer una reflexión sobre temas que considera de gran trascendencia. En 2017 analizó de forma concreta las consecuencias de la crisis económica en la sociedad española; en 2018 hizo un análisis de la crisis demográfica; y en 2019 la institución se ha decantado por el fenómeno migratorio.

   "El mensaje es claro y su intención es rebatir los juicios poco informados, cuando no obstinadamente xenófobos, sobre el impacto económico de la inmigración que frecuentemente resaltan un mensaje netamente negativo que se propaga, sin resistencia en contra, con mucha facilidad", apunta el Defensor en la presentación de este estudio específico.

   Tal y como señala Fernández Marugán , el objetivo del análisis es contribuir a "una mejor comprensión de la inmigración", compilando los datos disponibles y los resultados de muchos expertos que han examinado el vínculo entre inmigración y economía.

   "Las conclusiones del informe no son, en absoluto, neutras: el informe desvela que la inmigración ha sido, es -y será-, una oportunidad e incluso una necesidad desde el punto de vista económico", incide al respecto.

MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD DEMOGRÁFICA

   En este contexto, el informe se ha realizado en torno a cuatro áreas económicas: demografía, mercado laboral, economía pública y efectos macroeconómicos. La institución reivindica la migración como mecanismo de sostenibilidad demográfica, teniendo en cuenta la estructura demográfica envejecida.

   Para el Defensor de Pueblo, es "innegable" que la inmigración se ha convertido en factor de reemplazo demográfico en España en los últimos años, y "así seguirá sucediendo en el futuro". Pero además, apunta que la migración no solo permite sostener el crecimiento demográfico, sino que "evita el envejecimiento poblacional, aliviando los efectos sobre la economía".

   "Los flujos inmigratorios son esenciales para compensar el declive de la fuerza laboral nativa (población activa), hasta el punto de que, desde el final de la crisis económica, la totalidad del incremento en la población activa en España corresponde a ciudadanos extranjeros", agrega.

   Así, afirma que el crecimiento de la población activa requiere en la actualidad de la aportación de fuerza laboral extranjera y su ocupación "es esencial" para sostener el nivel de empleo. De hecho, añade que la inmigración laboral "contribuye a mitigar los efectos agregados en fase de desaceleración o crisis".

   Concretamente, la inmigración ha colaborado a sostener el progresivo incremento de la tasa de actividad femenina de las españolas, contribuyendo a resolver la llamada 'crisis de los cuidados'. En esta línea, en el análisis se remarca que el mercado laboral español ha absorbido la inmigración "sin fricciones significativas ni duraderas".

DESMOTA EL 'EFECTO LLAMADA'

   Respecto a la economía pública, el informe revisa diversos aspectos que "alimentan los prejuicios negativos hacia la inmigración", como por ejemplo la idea del 'efecto llamada' ligado al Estado de bienestar. En la introducción, Fernández Marugán ya apunta más bien al "efecto expulsión" existente en los países de origen "que hace que sean muchos los que intentan acceder como sea a Europa".

   "En términos generales no hay una evidencia clara de tal efecto", se concluye en el análisis monográfico, remitiéndose a numerosos análisis empíricos que han tratado de cuantificar cómo de importante es el estado del bienestar como factor de atracción.

   Asimismo, el informe concluye que los extranjeros "no viven de las pensiones y no gozan de preferencia alguna en materia de transferencias públicas y prestaciones de la Seguridad Social". "Los datos revisados en el estudio permiten constatar cómo la presencia de extranjeros es testimonial en cuanto a perceptores de pensiones contributivas, y que no disfrutan de ninguna ventaja relativa a la hora de percibir prestaciones por desempleo", agrega.

   De igual modo, afirma que los extranjeros están infrarrepresentados en las pensiones no contributivas, subsidios y ayudas. Todo ello pese a que, en términos agregados, la situación de los hogares inmigrantes "es visiblemente mucho más desfavorable que la de los nativos".

   De esta forma, el informe desmiente que "los inmigrantes acaparen las prestaciones de los servicios sociales". Al respecto, puntualiza que "su sobrerrepresentación promedio se debe, lógicamente, a una situación de vulnerabilidad que, en promedio, es también muy marcada en mayor medida que en el caso de los españoles.

MENOS USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

   En esta línea, la institución defiende que el acceso universal a la sanidad (independientemente de la situación administrativa) no es solo una exigencia ética, "sino que además es una medida de eficiencia económica porque contribuye a la mejora en la salud colectiva de toda la población y previene los excesivos costes que supone relegar la atención médica de la inmigración irregular a una situación de emergencia".

   De igual modo, el estudio aborda el prejuicio en torno al uso de los servicios sanitarios, mostrando cómo los extranjeros hacen un uso inferior de consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos, generando un menor gasto per cápita en sanidad, que el asociado a la población nativa.

   Respecto a la contribución de la inmigración a los ingresos públicos, el informe detalla que en términos de recaudación impositiva no existe "ninguna excepción para los extranjeros que residen en territorio español".

   Por último, incide en que el crecimiento económico de los países más desarrollados "está plenamente condicionado a la llegada de inmigración". Tal y como subraya, la inmigración laboral permite absorber mejor los shocks del mercado de trabajo, facilita ciclos expansivos de la economía, y el comercio, inversión y productividad "pueden verse también positivamente afectados por los flujos migratorios".

   Todo ello, a pesar de que los extranjeros "quitan" a los nativos "la necesidad de realizar los peores trabajos", o de que la "sobrecualificación entre los extranjeros es sensiblemente mayor que entre los españoles", o de que "existen algunas restricciones específicas para el acceso de extranjeros al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles".

   El monográfico concluye con unas recomendaciones centradas en la modificación de algunos preceptos del Reglamento de Extranjería, así como la difusión de instrucciones claras dirigidas a las oficinas de extranjeros. Todo ello con el objetivo de contribuir a la mejora del régimen jurídico que regula las condiciones de trabajo y residencia de la inmigración en España.

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