Un empresario y un abogado de Vitoria, a disposición judicial por pedir dinero a inmigrantes para hacerles contratos

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un empresario de la construcción y un letrado, ambos vecinos de Vitoria, han sido puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, amenazas y coacciones. Ambos están acusados de exigir dinero a trabajadores inmigrantes para, supuestamente, formalizar sus contratos, según informó hoy la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

El arresto de JG.D.A., un empresario de 52 años, y del letrado JP.A.P. se produjo fruto de la investigación policial llevada a cabo por funcionarios de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior del País Vasco de Vitoria, que se inició en el mes de julio, tras tener conocimiento de que el empresario ahora detenido contrataba a ciudadanos extranjeros sin la documentación necesaria para poder realizar actividad laboral por cuenta ajena, además de aprovecharse de la situación de precariedad, estado de necesidad y falta de arraigo de los trabajadores que contrataba.

En las ocasiones en las que el empresario fue requerido por los trabajadores para regularizar su situación, "la respuesta era la amenaza, explicándoles que ese proceso suponía un desembolso económico importante, exigiéndoles sumas de dinero que oscilaban entre los 4.800 euros y los 6.000", explicó la Delegación de Gobierno.

Estas cantidades tenían que ser abonadas por los empleados para que el empresario, supuestamente, realizase los trámites necesarios para poder formalizar el contrato.

La persona encargada de realizar los trámites ante las distintas autoridades era el abogado JP.A.P., a quien el empresario ponía en contacto con los trabajadores. Este letrado exigía a los ciudadanos extranjeros cantidades que oscilaban entre los 500 y 1.000 euros para iniciarlos tramites pertinentes.

De las pruebas en poder de la investigación y de los indicios probatorios, se desprende que la diferencia de salarios entre los trabajadores legales y los ilegales "era abusiva, desproporcionada y de auténtica explotación".

Con la instrucción de las correspondientes diligencias, finalizadas el pasado 31 de octubre y la puesta a disposición de los presuntos autores del ilícito penal, se da por finalizado el operativo policial.

MANO DE OBRA IRREGULAR

La Delegación explicó que "la utilización de mano de obra extranjera en situación irregular es práctica habitual por algunos empresarios españoles".

"Estos empresarios- añadió- no realizan contratos ni dan de alta a estos ciudadanos, lo que les supone mayores beneficios económicos, puesto que, abusando de las precarias condiciones en las que se encuentran estos extranjeros irregulares, se les posibilita ofertar la realización de servicios a un menor coste que otras empresas del ramo".

De esta manera, se abonan sueldos por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales, economizan costes al no darles de alta en la Seguridad Social, evaden el pago de impuestos a Hacienda y además no existe ningún tipo de cobertura legal, laboral y socio-sanitaria con los trabajadores puesto que no facilitan contratos.