Archivo - Dos vehículos de los Mossos d'Esquadra frente al CIE de la Zona Franca, a 26 de febrero de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Pide regular procedimientos efectivos de solicitudes de asilo a través de las misiones diplomáticas y en frontera
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General del Estado (FGE) avisa en su Memoria correspondiente al año 2022 de que "casi la mitad" de las repatriaciones de internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no pueden llegar a materializarse.
Esta situación es debido, principalmente, por "imposibilidad de documentación" de los inmigrantes y "después de que el extranjero ha estado privado de libertad un número importante de días, incluso por plazos cercanos al agotamiento", según recoge el documento recogido por Europa Press.
Igualmente, el informe da cuenta de los comentarios de la fiscal delegada de Madrid, que asegura que "las personas que se encuentran internadas en el CIE se ven sujetas a una severa restricción de sus derechos que no se encuentra motivada por la comisión de un delito, sino por una infracción administrativa".
Por ello, con el fin de evitar "internamientos innecesarios" o "de duración excesiva", la Fiscalía pide a las autoridades policiales competentes "que, en la medida de lo posible, se practique una investigación más exhaustiva, previa a solicitar el internamiento, así como que se encuentren avanzadas, o al menos iniciadas con perspectivas de éxito, las gestiones necesarias para conseguir la documentación precisa para la repatriación".
En esta misma línea, expone que las solicitudes de internamiento, "deberían incorporar los datos correspondientes a la viabilidad de la expulsión referidos al caso concreto, la posibilidad real de documentación para la repatriación y, si se ha iniciado el proceso correspondiente, a fin de que estos elementos puedan ser valorados por la/el fiscal que tenga que informar y por el juez que deba resolver sobre autorizar o no el internamiento".
Respecto a los CIES, añade que, "con carácter general", cumplen con los estándares exigidos por la Ley y el Reglamento. No obstante, expone que se pueden "solucionar" o "paliar" las deficiencias como las detectadas por los fiscales en algunas de sus visitas, como son el establecimiento de módulos que permitan la separación entre los internos, la mejora de las actividades culturales, deportivas y de ocio ofertadas y lo relacionado con la comodidad de las instalaciones.
MEDIDAS "IMPRESCINDIBLES"
Por otro lado, la Memoria pone de manifiesto que los inmigrantes irregulares, "son vulnerables a la explotación y los abusos en el trabajo" y que estos se enfrentan "a múltiples barreras para hacer valer sus derechos en los tribunales". En este sentido, señala que se deben adoptar iniciativas de políticas públicas "que garanticen el acceso a la justicia de estos inmigrantes, incluyendo mecanismos eficaces que les permitan presentar reclamaciones contra sus empleadores".
"Resulta imprescindible promover por parte del Ministerio Fiscal, la coordinación con otras instituciones y organismos implicados con diferentes competencias en la materia, así como con las principales organizaciones no guberna mentales y entidades de la sociedad civil, implicadas en la defensas de los derechos de los inmigrantes, a los efectos de poder participar y colaborar en estrategias comunes, cada uno desde sus respectivas área competenciales", recalca.
Otra de las medidas "imprescindibles" para defender los derechos de los inmigrantes expone que es la persecución penal de redes criminales, empresarios, grupos y organizaciones dedicadas a favorecer la inmigración ilegal. Así, propone algunas iniciativas que incrementen la eficacia en la lucha contra este tráfico, como reforzar las fiscalías especializadas en aquellas provincias donde el problema se presenta con mayor crudeza y promover el uso de herramientas internacionales de cooperación, entre otras.
Del mismo modo, considera "necesaria la modificación de la Ley de Asilo o la redacción de una nueva, con su correspondiente desarrollo reglamentario, "que, entre otros extremos, contemple supuestos más amplios de protección internacional, abarcando situaciones derivadas de pandemias, hambrunas, miseria extrema o catástrofes climatológicas y que regule procedimientos efectivos de solicitudes a través de las misiones diplomáticas y en frontera". Además, indica que sería conveniente establecer un sistema en relación con los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las denegaciones de solicitudes de asilo ante la Audiencia Nacional.
