El Gobierno aprueba un nuevo recurso de acogida de migrantes junto a la cárcel de Ceuta

Torres no descarta "modificaciones legislativas" para agilizar la tramitación de expedientes aunque dice que "no es sencillo"

(La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Política TerritorialÁngel Víctor Torres; el vicepresidente primero Carlos Cuerpo; y la ministra de Inclusión, Elma Saiz; a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
(La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Política TerritorialÁngel Víctor Torres; el vicepresidente primero Carlos Cuerpo; y la ministra de Inclusión, Elma Saiz; a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Sociedad
Actualizado: martes, 29 septiembre 2026 15:49

    MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

   El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, previo paso por el Consejo de Seguridad Nacional, un Real Decreto en el que se incluye un nuevo emplazamiento en Ceuta para acoger a los migrantes, junto a la cárcel Fuerte Mendizábal.

   Así lo ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Según ha precisado Torres, se ha elevado al Consejo de Seguridad Nacional y se ha aprobado "por unanimidad" de todos los miembros presentes, entre ellos, los ministerios y la ciudad de Ceuta. "Se incluye un espacio amplio, importante, si fuera preciso, el poder utilizar el mismo, junto a los que ya están", ha destacado el ministro.

COMITÉ DE SITUACIÓN ESTE MIÉRCOLES

   Por otra parte, Torres ha anunciado que este miércoles a partir de las 15:30 horas se reunirá en Ceuta el comité de situación que coordina la crisis migratoria en la ciudad autónoma, y en el que, según ha precisado, participarán "varios ministros".

   También ha puntualizado que siguen "analizando, si fuera preciso, modificaciones legislativas, si así fueran necesarias, para poder aligerar también los plazos" para la tramitación de los expedientes.

   Precisamente, preguntado por las razones por las que finalmente no se ha aprobado este martes el real decreto-ley para acortar los plazos de los expedientes de devolución de las personas migrantes en Ceuta, Torres ha indicado que están analizando "las posibilidades" con los servicios jurídicos y la Abogacía del Estado, pero ha precisado que "no es sencillo".

   "Está hablando de cuestiones que tienen que ver también con derechos fundamentales, con derecho internacional, con derecho de protección y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando para, si fuera preciso, llevarlo en una modificación legislativa. En cualquier caso, se están produciendo retornos en un número importante", ha subrayado.

   Según el proyecto de Real Decreto-Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno quiere adoptar medidas extraordinarias para la agilización de la tramitación de solicitudes y recursos en materia de protección internacional en la ciudad de Ceuta.

   El texto plantea devolver a los migrantes de Ceuta que hayan solicitado asilo pero que supongan "un peligro para el orden público o la seguridad nacional".

    En concreto, señala que se podrá expulsar a las personas que se hayan comportado de "manera violenta o amenazante" en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, "promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana".

   Este nuevo Real Decreto, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, será de aplicación para todas aquellas solicitudes formuladas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que estén sin resolver a la fecha de su entrada en vigor, con independencia del procedimiento que fuera aplicable.

   El documento, sujeto a cambios, elimina asimismo el examen previo de cada petición por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en la que participa la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) así como representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Migraciones e Igualdad.

   En concreto, señala que la competencia para elevar las propuestas de resolución será "la persona titular de la Dirección General de Protección Internacional, sin necesidad de examen previo por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, la cual será informada de las resoluciones que se dicten".

   Asimismo, establece que se inadmitirán las solicitudes de protección internacional de nacionales de terceros países o apátridas que se formulen una vez transcurridos "siete días hábiles" desde la notificación de una orden de devolución, una denegación de entrada o una sanción de expulsión en la que se informe acerca de la inadmisión de las solicitudes de asilo que se formulen fuera de dicho plazo.

   Además, contempla el archivo de la solicitud por "desistimiento implícito", por ejemplo, si la persona "abandona el centro o recurso en que se le haya dado acogida sin informar previamente a los responsables de la instalación de que se trate y dejar una dirección en que pueda ser localizado".

   Igualmente, establece que las resoluciones se comunicarán a través de su resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) siempre que el solicitante no de una dirección concreta, que no podrá ser la de los centros de alojamiento o de estancia públicos con sobreocupación o dispositivos de emergencia establecidos para atender esta situación en la ciudad autónoma. También podrá notificarse mediante correo electrónico o al representante legal designado siempre que haya facilitado dirección válida.

   La tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones dictadas en procedimientos de protección internacional en Ceuta relacionados con la entrada masiva de julio tendrá, a todos los efectos, carácter preferente. La Administración tendrá un plazo de cinco días para remitir el expediente y el procedimiento continuará aunque se produzcan retrasos. 

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