El Gobierno quiere que el mayor número de solicitantes de regularización extraordinaria tenga notificación en una semana

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español trabaja para que "el mayor número" posible del millón de personas migrantes que han solicitado la regularización extraordinaria tenga al menos la notificación provisional antes del 7 de julio, es decir, en una semana, fecha a partir de la cual prevén que el Tribunal Supremo decidirá si eleva o no la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por posible colisión de la medida con la normativa europea.

Coincidiendo este martes 30 de junio con el último día para presentar la solicitud de regularización extraordinaria, fuentes del Gobierno han precisado que están intentando "agilizar al máximo" el proceso y estiman que, antes de esa fecha, el mayor número de solicitantes tendrán ya esta autorización que da derecho a residir y trabajar en España de forma provisional.

Si bien, han enviado un mensaje de "tranquilidad" porque dicen estar "absolutamente convencidos" de que la regularización no se va a paralizar ya que insisten en que el procedimiento cumple "con todas las garantías jurídicas" y encaja en el marco normativo europeo.

Asimismo, han indicado que están en plazo de alegaciones, por lo que están trabajando en ellas con la Abogacía General del Estado, al tiempo que están previendo todos los escenarios posibles. Además, han aclarado que, aunque el TS decidiera elevar la cuestión prejudicial al TJUE eso no supondría 'per se' la paralización del proceso.

En todo caso, han puntualizado que si llegara a suspenderse, esto no afectaría a las personas migrantes que ya hubieran obtenido su notificación provisional. No obstante, para insistir en el mensaje de "tranquilidad", recuerdan que la posible implementación de medidas cautelares ya fue descartada en mayo por el Alto Tribunal.

Sobre el número de solicitudes presentadas, las mismas fuentes han indicado que trabajaron siempre con "tres escenarios" posibles: 500.000 solicitudes (que era la cifra que se manejaba en la Iniciativa Legislativa Popular); 750.000 o un millón, y han reconocido que las previsiones más conservadoras se han visto "superadas por la realidad".

En estos momentos, según han añadido, "ya se están emitiendo" resoluciones definitivas y notificando provisionales. En este sentido, han puesto en valor que desde que comenzó el proceso el pasado 16 de abril no han "bajado el ritmo" pues el plazo para emitir las resoluciones es de tres meses. "Pretendemos llegar cuanto antes al cumplimiento de esos tres meses", han aseverado, al tiempo que han asegurado que no habrá silencio administrativo para las solicitudes que sean denegadas.