Ecologistas exigen a la Junta de Castilla y León que cese el uso de veneno para controlar la plaga de topillos

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ecologistas reclamaron hoy a la Junta de Castilla y León que cese el uso de veneno para controlar el aumento poblacional de topillo campesino registrado el pasado invierno, debido a que está siendo perjudicial para el resto de la fauna de este entorno.

Por ello, Fundación para la Conservación del Buitre Negro, Ecologistas en Acción, el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos - Grupo para la Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Sociedad para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM, SEO/BirdLife y WWF/Adena suscriben un manifiesto en el que alertan de que el uso del veneno de grano es la medida "más perjudicial" para la fauna en la lucha contra la plaga de topillos.

"Este veneno, la clorofacinona y bromadiolona, es un anticoagulante no selectivo que se ha repartido en forma de semillas de cebada impregnadas, quedando accesibles para cualquier animal, mamífero o ave. Esta distribución indiscriminada por las tierras de Castilla y León, y sin las medidas de precaución necesarias ha supuesto una gran mortalidad de especies que no eran objeto del control", denuncian.

Por ello, solicitan que se suspenda su uso y no se vuelva a autorizar, así como que se retire el veneno distribuido y se inicie un programa de seguimiento e investigación de la dinámica de las poblaciones de topillo, con el fin de detectar señales tempranas que predigan posibles explosiones de población.

"La autorización y financiación de la utilización generalizada de grano envenenado por parte de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España para luchar contra los topillos es la situación más grave ocurrida en relación con el veneno en los últimos 20 años. Se trata por lo tanto de unas acciones que deben ser investigadas por la administración de justicia y la Comisión Europea", advierten.

Por otro lado, también exigen a la Comunidad de Madrid revocar las limitaciones para los agentes forestales impuestas en la Ley de medidas urgentes 3/2007 porque "dificultar el acceso a los agentes medioambientales y forestales a las fincas supone un serio freno a las labores preventivas y de control que debe hacer la administración del patrimonio natural".