Alemania.- Comienza la Cumbre de la Integración con el boicot de cuatro destacadas organizaciones de inmigrantes turcos

BERLÍN 12 Jul. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Clara U. Molina) -

La canciller alemana, Angela Merkel, recibe hoy en la Cancillería a 94 representantes sociales con motivo de la Cumbre de la Integración, que no contará con la presencia de cuatro de las principales organizaciones turcas del país, que anunciaron su ausencia después de que el Gobierno se negara a negociar el cambio de algunos aspectos de la recién aprobada Ley de Inmigración alemana que, según representantes de tal comunidad, "discriminan a la población turca".

Con casi 10 invitados más que en su última y primera edición en marzo de 2006, la Cumbre de la Integración debatirá en Berlín sobre inmigración y temas relacionados como el aprendizaje del alemán a modo de vehículo primordial de integración así como sobre el mercado de trabajo. Sin embargo, la polémica ha quedado abierta por las asociaciones ausentes en el evento, que han logrado situar en el centro del debate público el carácter "discriminatorio" de la legislación para inmigración aprobada el pasado viernes por el Gobierno de la coalición.

A este respecto, el especialista en estudios turcos, Faruk Sen, explicaba esta mañana en la cadena de televisión alemana NTV el núcleo de la polémica: "Las nuevas medidas legales sobre reagrupación familiar son discriminatorias para la población turca porque tan sólo en el caso de personas de origen turco deberán atestiguar que sus parejas poseen conocimientos básicos del alemán". Tales exigencias legales no serán aplicadas ni a un inmigrante canadiense ni a aquel alemán o alemana que quiera traerse de Tailandia a su novio o novia, apuntaba Faruk Sen. "Sólo a los turcos nos piden esto y eso nos parece discriminatorio", señaló un portavoz de la Comunidad Turca de Berlín a DW-WORLD.

El propio embajador de Turquía en Alemania, Mehmet Ali Irtemceliks, criticó duramente, en una entrevista con el periódico turco 'Hüriyet', las nuevas medidas establecidas para la población turca residente en Alemania tras la ley recientemente aprobada.

Más allá llegó el presidente de la organización Comunidad Turca en Alemania, Kenan Kolat, quien amenazó con poner una demanda ante el Tribunal Constitucional. En esta línea de "anticonstitucionalidad" se pronunció también esta mañana Faruk Sen en la televisión del país.

Por su parte, la ministra de Integración, Maria Böhmer (CDU), apuntaba que tal maniobra de retirada del diálogo integrador tan sólo perjudicaba a las propias organizaciones ausentes. "Las asociaciones turcas están empañando su propio crédito", apuntó Böhmer al periódico 'Die Welt'.

Sin embargo, también ha habido alguna voz política que se ha mostrado comprensiva ante la crítica actitud de los agentes turcos tras la nueva legislación. Tal ha sido el caso de la líder de la fracción alemana de los verdes, Renate Künast, quien dijo "comprender" la actitud de boicot de los representantes turcos, según publica el diario alemán 'Stuttgarter Nachrichten' en su edición de hoy.

Por su parte, el Gobierno de la gran coalición se negó, ya en el momento de la petición, a corregir la legislación aprobada tras el intenso debate ocasionado en ambas Cámaras del país.

Otro de los puntos ampliamente criticados de la nueva Ley de Inmigración es el aumento de la edad mínima con la que está permitida la entrada en Alemania de los cónyuges, establecida en los 21 años de edad frente a los anteriores 18. Con este requisito el estado dice pretender ayudar a evitar los matrimonios forzosos donde la mujer es obligada a casarse contra su voluntad.

Además la nueva legislación alemana en materia de inmigración también supone el endurecimiento de las medidas para los residentes en el país, puesto que aquellas personas extranjeras que se nieguen a participar en los llamados 'cursos de integración' establecidos como obligatorios por el Gobierno --de una duración de 600 horas sobre idioma y cultura del país-- recibirán una penalización económica a través de la reducción en un 30% de las ayudas al paro. Los cursos formativos le cuestan a las arcas públicas 208 millones de euros, aunque son también directamente cofinanciados por los propios inmigrantes que están obligados a presentarse al curso.