Los imputados, de entre 84 y 85 años, "tenían obligación de disparar si los prisioneros se les acercaban", según las víctimas
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió hoy que se acuerde la prisión provisional y se dicte orden de detención internacional contra tres presuntos genocidas nazis imputados en la causa abierta a partir de una querella contra cuatro miembros del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por un presunto delito de genocidio y lesa humanidad que habrían cometido en tres campos de concentración entre 1942 y 1945.
El escrito, que está firmado por el fiscal Pedro Martínez Torrijos, solicita al juez Ismael Moreno la detención de Johann Leprich, de 84 años, Anton Tittjung, de 85, y Josias Kumpf, de 84, a fin de proceder a su entrega por parte de las autoridades Estados Unidos, donde residen actualmente. En relación con el cuarto imputado en la causa, Iwan Demjanjunk, la Fiscalía no solicita la entrega porque fue extraditado a Alemania.
"La instrucción practicada hasta el momento ha acreditado al menos indiciariamente la participación de los imputados en los hechos acaecidos en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg durante la II Guerra Mundial", señala el escrito. Según los querellantes, en estos recintos estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.
El informe del Ministerio Público hace referencia a la declaración testifical que realizaron en marzo pasado las víctimas de campo de Mauthausen Jesús Tello y Emeterio Ramiro Santisteban, que relataron al juez las condiciones en que vivieron durante su confinamiento y la forma de actuar de los guardias.
Según describieron, los vigilantes nazis "tenían obligación de disparar no sólo en caso de huída del prisionero sino también tenían la facultad de ejecutar a un prisionero si se acercaba a menos de seis metros de ellos". Además, relataron que "la administración del campo recompensaba a los guardias con un día de permiso con cada prisionero ejecutado".
El resto del escrito, que tiene diez páginas, relata la biografía de los tres presuntos genocidas y la actuación que habrían llevado a cabo en los campos de concentración. En concreto, en Mauthausen estuvieron destinados Leprich, nacido en Birk (Rumanía), y Tittjung, natural de Erdud (Croacia), mientras que Kumpf, originario de Nova Pasova (Yugoslavia), desarrolló su labor en Sachsenhausen.
VÍCTIMAS ESPAÑOLAS
El fiscal justifica la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar estos hechos porque se trata de "un delito de genocidio" en el que existe "un elemento de conexión" con la jurisdicción española, al tratarse de víctimas esta nacionalidad.
Según explica, la calificación jurídica de estos hechos "tampoco ofrece dudas" tanto desde el punto de vista del derecho internacional y los precedentes jurisprudenciales del Tribunal de Nüremberg como desde la óptica del derecho español. "Los hechos constituirían un delito de genocidio. Existen numersos antecedentes en los que se enjuició a personas que ocuparon cargos de similar competencia que los querellados siendo condenados", insiste.
Asimismo, el fiscal admite "la inexistencia de precedentes en España en esta materia" pero matiza que "la argumentación utilizada en los juicios de Nüremberg no es ajena a las tesis sobre la autoría por cooperación necesaria o complicidad que utiliza el Tribunal Supremo". Al quedar acreditada la condición de los imputados como guardias Totenkompf y su actividad en los campos, según la Fiscalía, existirían "indicios racionales" de que habrían participado en estos hechos "al menos a título de cómplices en un delito de genocidio".
CUATRO OFICIALES DE LAS SS
La querella fue presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración. Los cuatro imputados, que desarrollaron su labor como guardias armados en los citados campos de concentración, se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial. En los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales de dicha nación.
Según la querella, los prisioneros fueron sometidos a "programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas". "Fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato", añade la demanda.
En concreto, la actuación judicial ha sido impulsada por David Moyano, combatiente francés que sobrevivió al confinamiento en Mauthausen; y los familiares de Agustín, Marcos y Francisco Puente, exterminados en Sachsenhausen; Donato de Cos Gutiérrez, asesinado en Mauthausen; Gabriel Torralba, liberado por las tropas estadounidenses tras permanecer en Auschwitz y Mauthausen; y Víctor Cueto, superviviente de este último campo.
Los querellantes solicitaron la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar "hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas", tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citaron expresamente.
-. Firma: APM/PAU .-
