En algunos casos, las víctimas fueron acusadas de haber cometido 'delitos morales'
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades afganas solo aplican esporádicamente la ley que entró en vigor hace dos años y cuyo objetivo es evitawwwr los asesinatos, violaciones y palizas contra las mujeres, según ha denunciado este miércoles la ONU.
Según un informe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Gobierno no ha cumplido su deber de aplicar esta ley en la inmensa mayoría de los casos de violencia contra mujeres.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha indicado que "los jueces, fiscales y policías de muchas partes de Afganistán han empezado a utilizar la nueva ley, lo cual es algo positivo, pero, desgraciadamente, solo lo han hecho en un pequeño porcentaje en los casos de violencia contra las mujeres".
"Aunque cada vez se aplica más la ley, aún queda mucho camino por recorrer hasta que las mujeres afganas estén totalmente protegidas frente a la violencia y se apoye adecuadamente la igualdad", ha añadido.
La Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que entró en vigor en agosto de 2009, tipifica como delito el matrimonio con niñas, el matrimonio forzado, la compraventa de mujeres con el matrimonio como pretexto, la práctica conocida como 'baad' (entregar a una mujer o a una niña para poner fin a una disputa), la inmolación forzada y otros 17 actos de violencia contra las mujeres, como las violaciones y agresiones.
El informe de la ONU, que analiza la aplicación de la ley entre marzo de 2010 y septiembre de 2011 en 31 de las 34 provincias afganas, se basa en 261 entrevistas con responsables gubernamentales, del poder judicial y la Policía y en los casos de violencia contra mujeres registrados por Naciones Unidas.
ACUSACIONES SOLO EN EL 7% DE LOS CASOS
Sin embargo, el estudio señala que no hay estadísticas globales oficiales que incluyan el número de casos y que la mayoría de los incidentes no se registran. En el periodo analizado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán contó 2.299 incidentes de violencia contra mujeres que podrían definirse como delitos según la nueva ley.
Partiendo de esa cifra como referente, la ONU ha calculado que los fiscales de 28 provincias abrieron investigaciones sobre el 26 por ciento de esos incidentes y presentaron acusaciones en el 7 por ciento de los casos. Los tribunales de primera instancia basaron sus sentencias en la nueva ley en solo el 4 por ciento del total.
A veces los cargos se retiraron y, en varias ocasiones, los acusados fueron procesados según la 'sharia' (ley islámica), lo que a veces tuvo como resultado que los culpables fuesen absueltos o que les impusiesen una pena menor.
En otros casos, las víctimas fueron acusadas de haber cometido 'delitos morales', según el informe, que también indica que muchas mujeres optaron por no presentar denuncias debido al escaso número de mujeres policía, la falta de refugios para mujeres y el abuso de la mediación como forma de resolver casos de violencia doméstica.
La UNAMA ha recomendado aumentar la concienciación de todos los representantes de las autoridades respecto a la ley y formar a fiscales, policías y jueces para que sepan cómo deben aplicarla. También ha propuesto que se mejore la propia ley para que, por ejemplo, ofrezca protección a las mujeres que abandonan su hogar para huir de los abusos que sufren y no sean detenidas por haber cometido un 'delito moral'.
CASOS CONCRETOS
El informe cita varios casos en los que la ley se aplicó o debería haberse aplicado, como el de dos hermanas de 15 y 17 años que fueron asesinadas en la provincia de Herat en julio de 2010 porque la mayor se negó a casarse con un hombre de mayor edad.
El futuro marido y el futuro suegro fueron condenados a 16 años de cárcel, mientras que otras tres personas fueron absueltas.
En la provincia de Daikondi, un fiscal se basó en la ley para pedir que se anulase el veredicto de un tribunal que declaró culpables de adulterio a dos niñas a las que había dejado embarazadas un líder religioso de 60 años. Un tribunal de apelación rechazó la petición del fiscal.
En otro caso, una mujer de la provincia de Kandahar denunció en marzo que habían obligado a su hija a suicidarse. La mujer contó que su hija había sido vendida por 6.600 dólares para que se casase con un hombre y que se prendió fuego a sí misma en su habitación porque, tras diez años de matrimonio, su familia política la obligó a tener relaciones sexuales con tres hombres que habían ido de visita a la casa familiar.
"Siempre decía que un día se iba a quemar viva. Yo le decía: 'Por favor, aguanta, la vida es así, al final tendrás un futuro feliz'", recordó la madre. La Policía no investigó lo ocurrido.
