EpC.- Foro de la Familia pide a la Junta que retrase la implantación de esta asignatura hasta después de las elecciones

MÉRIDA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Extremeña de Amigos del Foro Español de la Familia, Ricardo Rocha Camacho, reclamó hoy a la Junta de Extremadura que retrase la implantación de la asignatura 'Educación para la ciudadanía' hasta después de las próximas elecciones generales.

Rocha realizó esta petición en una nota de prensa remitida a Europa Press, en la que explica que con el retraso de la entrada en vigor de esta materia se pretende "evitar la discriminación entre las Comunidades Autónomas en cuanto a la fecha de entrada en vigor de este aspecto de la LOE". "Esto es lo que se ha decidido en Castilla La Mancha en un ejercicio de sensatez y cordura que los padres aplaudimos", señaló.

Por este motivo, esta asociación mostró su esperanza en que el gobierno extremeño "tome buena nota de esta aspiración de muchos padres" que, según aseguran, han declarado expresamente su disconformidad y de otros muchos más que por razones también respetables, piensan de igual manera pero que no se atreven ó no han tenido hasta ahora la oportunidad de manifestarlo.

Y es que, señaló Ricardo Rocha que, según sus noticias, "son ya varias decenas las objeciones de conciencia presentadas contra esta asignatura en Extremadura", y también se han dirigido "centenares de cartas" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostrando su desacuerdo y solicitando se retrase la implantación de esta asignatura obligatoria hasta después de las próximas elecciones generales.

Por eso, esta asociación mostró su apoyo a la Confederación Católica de Padres de Familia (Concapa) en su petición a los padres de "objetar en conciencia" esta asignatura, que Rocha calificó de "incompatible con el ideario cristiano que elige libremente un 80 por ciento de los padres de alumnos y conculcadora del derecho constitucional que tienen los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos".

Así, tachó de "sencillamente inaceptable en una democracia que el Gobierno se arrogue el derecho de suplantar a los padres en tan importante e irrenunciable labor educadora". Y todo ello, añade, "para imponer su particular visión partidista sobre algunas cuestiones que afectan a la ética personal de los ciudadanos".