MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado ha contestado a una denuncia de Prodeni referente al mal funcionamiento de las instituciones en el caso de 'El Niño del Royo', que este podría haberse evitado si se hubiera articulado la reforma legislativa que los fiscales solicitaron en 2005.
Prodeni había remitido a la institución un informe en el que relataba "la peripecia administrativa, familiar y judicial" que ha llevado a Diego L.B (el 'niño de El Royo'), un menor de ocho años, "a tener una familia preadoptiva, a volver dos veces con su madre biológica y a ser internado hasta en cuatro ocasiones en un centro de menores de Salamanca", informó la asociación.
En un texto al que ha tenido acceso Europa Press, la institución "comparte" la "preocupación" de Prodeni "por la necesidad de salvaguardar el interés superior del menor en los procedimientos judiciales" y afirma que "tal preocupación ha tenido una expresión formal en la propuesta de reforma legislativa que en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2005 se recogía" y que "hasta la fecha no ha generado una reforma legislativa".
La propuesta, cuyos principios se relatan en el escrito enviado a Prodeni, "trata de evitar situaciones como las que refiere" la asociación, y que se basan en que "con la actual legalidad en la mano" unos padres biológicos pueden oponerse a una resolución administrativa de desamparo aun cuando haya pasado un "tiempo excesivo" durante el que el niño haya sido "entregado ya a una familia ilusionada".
Esto es así porque, explica la Fiscalía, aunque "algo ha remediado la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (...) las posibilidades de pleitear siguen siendo excesivas" y "la superposición y el solapamiento de los procedimientos una realidad", por lo que "no pocas situaciones se hacen prácticamente irresolubles hasta el punto de haberse tenido que decretar en ocasiones la imposibilidad de ejecutar decisiones judiciales" por llegar tarde.
Para evitar este "engordar" de los expedientes "a base de deducciones de testimonio y de testimonios de testimonios" y demás "problemas importantes" que "subsisten" tras la reforma de la LEC, la Fiscalía propuso en 2005 "fijar plazos de caducidad para las acciones de impugnación y oposición frente a las resoluciones administrativas" para que el tiempo no corra en contra del interés del menor.
Asimismo, propuso "fijar la pertinente legitimación activa en orden a las diversas acciones de impugnación y fijar además con toda claridad el objeto de la acción de impugnación en algunos casos".
CASOS CONCRETOS.
Respecto a la situación concreta de Diego, 'el niño de El Royo', y la niña canaria llamada Piedad, que atraviesa en la actualidad un procedimiento administrativo muy similar al anterior, la Fiscalía General del Estado anunció a Prodeni la adopción de medidas.
Así, en el escrito la institución afirmó su determinación de "recabar información sobre el estado de los expedientes de las Fiscalías territoriales competentes", Castilla y León y Canarias en este caso.