SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EP/IP) -
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias criticó hoy la "falta de rigor" de las denuncias de Human Rights Watch sobre el informe de la situación de los centros de menores extranjeros no acompañados.
Según la Consejería, una vez conocidas las denuncias del informe, vía fax, en febrero de 2007, los responsables de la dirección general de Protección del Menor y la Familia comunicaron los hechos de inmediato al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que iniciara una investigación y abrió una investigación interna, concluida el pasado mes de abril, cuyas conclusiones "no corroboran ninguna" de las afirmaciones vertidas por HRW en su documento.
Desde HRW, según la Consejería, se limitaron a informar de la existencia, a partir de testimonios recogidos de los chicos y sin confirmar, de graves hechos, sin que se identificaran en ningún momento a los presuntos responsables de los mismos. Todo ello, además, agregaron, un mes después de conocer los hechos, "dificultando" la labor de investigación que tanto la Fiscalía como la entidad pública pusieron en marcha de forma inmediata, y faltando, además, a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas.
Hay que tener en cuenta, según el departamento autonómico, que durante el último año y medio, un total de 1.144 chicos han llegado a los centros, con lo cual, a pesar de los traslados, los centros siguen contando con gran número de menores.
En cuanto a los antecedentes del informe de HRW, la Consejería aseguró que, durante el mes de enero de 2007, un equipo de Human Rights Watch, liderado por Simone Troller, inició una gira por los dispositivos de emergencia para atención de menores extranjeros no acompañados de las Islas, gestionados por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, con el fin de realizar un informe sobre la situación de estos jóvenes.
Durante estas visitas, el equipo de Human pudo hablar y entrevistarse con total libertad y transparencia con los menores acogidos en estos centros así como con personal educativo de los mismos.
Dentro de esta gira, la investigadora de Human Rights Watch, Simone Troller, mantuvo una reunión en Tenerife con el entonces responsable de la dirección general de Protección de Menores y de la Familia, José Luis Arregui, sin que le comentara la existencia de alguna anomalía en cuanto a la atención a los menores acogidos en los citados centros.
Sin embargo, el 13 de febrero de 2007, se recibió un escrito firmado por la citada investigadora en el fax del dispositivo ubicado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, en la que se informa, sin dar nombres, de la denuncia, según testimonios de los mismos chicos, en los que se describen "niveles alarmantes de violencia contra los menores, especialmente contra los más jóvenes, presuntamente perpetrados tanto por sus compañeros como por el personal del centro".
Ante este hecho, la dirección general de Protección del Menor y la Familia contactó con la citada investigadora por teléfono y le pidió explicaciones, entre otras, "de por qué si conocían estas denuncias en enero, se esperó todo un mes para remitir el informe, cuando, además, contaba con vías más directas, como son los teléfonos personales tanto del director como de la secretaria del mismo, para dar cuenta de ello".
EVITAR REPRESALIAS DE LOS MENORES.
Preguntada por la identidad de los presuntos autores de los hechos que se relatan, Troller se negó, agregó la Consejería, a dar los nombres de los presuntos autores de las violaciones, indicando que no lo hacía para evitar posibles represalias a los menores que denuncian.
Ante ello, el director general, José Luis Arregui, contestó que "si no se dan nombres no puede retirar de inmediato a los responsables que podrían haber estado haciendo estos hechos durante todo este tiempo. Ante la negativa de dar información vía teléfono, se solicita de forma oficial la misma vía fax".
El mismo 13 de febrero, el director general remitió un escrito al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informando de la denuncia de la HRW y solicitando que se investigue los hechos a la vez que ordenó la pretura de una investigación interna.
El pasado 9 de mayo, desde la entidad pública, se remitió a la fiscal un informe amplio, que incluye el informe de la investigación interna realizada a raíz de la denuncia. Este informe, fechado el pasado 27 de abril, cuenta con diversas valoraciones entre las que se indica que "no se detectan la más mínima referencia ni actuación que indique abuso, ni del personal técnico del centro ni entre los menores".
A finales de marzo de este año, agregó la Consejería, la Fiscal designada visitó el centro de Agüimes, sin que hasta la fecha conste en el centro directivo entrada de un informe de esta entidad.
También se quiso dejar constancia, desde el Gobierno regional, de la "total transparencia" en la gestión de estos centros. Desde su puesta en funcionamiento, han sido visitados con frecuencia, además de por representantes de diversas instituciones canarias, por representantes de diferentes autoridades tanto nacionales como internacionales, entre ellas, una delegación del Parlamento Federal Alemán; la presidenta de la asociación de madres y viudas víctimas de los cayucos, Yaye Bayam; el comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, y representantes del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y, hace tan sólo tres semanas, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la Consejería.
Asimismo, tuvieron acceso más de un centenar de medios de comunicación, entre ellos, de ámbito estatal, tanto de radio como de prensa y televisión, Antena 3, Tele 5, Televisión Española, El Mundo, El País, ABC, Ser, COPE, Radio Nacional, Agencia Reuters, así como medios de ámbito autonómico como Televisión Canaria, TV3, Canal Sur, Telemadrid, Euskal Telebista, además, de medios de ámbito local y provincial.
A ellos, hay que sumar los numerosos medios de cobertura internacional procedentes de diversos países como Francia (France 1, 2 y 3, Le Monde, Liberation, Radio Montecarlo, France Radio), Bélgica, Finlandia, Italia, Dinamarca, Alemania, Japón (Televisión NHK), Gran Bretaña (BBC), Estados Unidos, Portugal, entre otros.
Por otro lado, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias quiso aclarar que, en todo momento, Canarias "no ha estado de acuerdo" con la apertura de estos centros, ya que la "mejor fórmula de integración", a través de pequeños hogares de no más de 12 chicos.
La Consejería volvió a insistir en la responsabilidad del Estado en el reparto de chicos por el territorio peninsular pero siempre con las garantías para que se cumplan sus derechos fundamentales, por lo que reclamó un estatuto jurídico para el menor extranjero no acompañado.
Se recordó que, para llevar a cabo esta labor con plenas garantías, hay que contar con recursos "no de carácter de emergencia", como los puestos en marcha para poder atender la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, sino que ofrezcan a los menores un plan educativo duradero en el tiempo, donde, además, para que sea efectivo, se lleve a cabo con grupos de menores más reducidos.
También se retomó el compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno central, Jesús Caldera, en septiembre de 2006 a trasladar a estos menores y a su redistribución entre las comunidades autónomas del Estado, con el fin de aliviar la situación que vive el Archipiélago, dejando un total tan sólo 300 menores en las Islas. Sin embargo, "hasta la fecha, se han trasladado tan sólo 385, quedando desde el pasado 24 de mayo paralizados todos los traslados".
