La empresa inicia el proceso para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los fosfoyesos
HUELVA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace informó hoy al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que confirma la caducidad de la concesión que autorizaba a Fertiberia para verter fosfoyesos en las marismas del río Tinto, lo que, a su juicio, "confirma la ilegalidad de la empresa".
En un comunicado remitido a Europa Press, Greenpeace recordó que el pasado mes de junio remitió una petición a Bruselas para que investigase "la violación de cuatro directivas por parte Fertiberia en relación al vertido de fosfoyesos", con lo que pidió el "cese inmediato de los vertidos, que el área se declare instalación radiactiva, la realización de un estudio epidemiológico independiente para conocer el impacto de este desastre ecológico en la salud de los onubenses y que las empresas que han provocado esta situación paguen los gastos de descontaminación de la zona".
Según indicó la organización ecologista, "Fertiberia se encuentra actualmente en una difícil situación debido a las malas prácticas que viene desarrollando, desde hace décadas en Huelva, lo que ha provocado un desastre sanitario y medioambiental en la zona y ha hecho que tenga abiertas distintas causas en los tribunales".
Además, resaltó que también "está pendiente que la Junta de Andalucía le conceda la Autorización Ambiental Integrada (AAI), a la que Greenpeace y colectivos onubenses como la asociación Mesa de la Ría han presentado múltiples alegaciones".
RECUPERAR LAS MARISMAS DEL TINTO.
"A la vista de la reciente sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y de las irregularidad denunciadas por Greenpeace", la organización confió en que, "tanto las autoridades comunitarias como el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía tomen en serio el problema que supone para la salud y el medio ambiente los vertidos tóxicos y radiactivos de Fertiberia en Huelva".
A su juicio, "un primer paso sería no conceder la Autorización Ambiental Integrada y articular un plan para la recuperación de las marismas del Tinto", según afirmó el responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace, Julio Barea.
LA EMPRESA RECURRIRÁ.
Por su parte, la empresa Fertiberia inició este lunes el proceso para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que da luz verde al expediente de caducidad del depósito de fosfoyesos en las marismas del Tinto que inició contra la factoría el Ministerio de Medio Ambiente en 2003.
En declaraciones a Europa Press, el director de Fertiberia, Roberto Ibáñez, detalló que este lunes se presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un escrito en el que se analizan los requisitos legales que la empresa cumple para recurrir.
De esta forma, indicó que la Audiencia Nacional establecerá, a partir de esta comunicación, el plazo de tiempo del que Fertiberia contará para presentar su recurso de Casación ante el Tribunal Constitucional en contra de su decisión de considerar "caducada" la licencia para el depósito de fosfoyesos.
En este recurso será en el que la empresa exponga los argumentos que le llevan a estar en desacuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional, sobre la que Ibáñez ya estimó que se basarán en concepciones diferentes sobre aspectos expresados por el Alto Tribunal.
FERTIBERIA SEGUIRÁ NEGOCIANDO EN PARALELO.
De la misma forma, el director de Fertiberia ya explicó que, de forma paralela al proceso judicial, "seguirá negociando, como venía haciendo hasta el momento, con las administraciones con competencias en la materia con el objetivo de alcanzar un acuerdo referente al depósito de fosfoyesos".
En su sentencia, la Audiencia Nacional rechazaba que la concesión que autoriza el depósito de fosfoyesos no fuese necesaria porque la zona "no pertenecía ya al dominio público marítimo terrestre por haber desaparecido su condición de marisma, con lo que carecía de sentido otorgar una concesión para su ocupación", como argumentaba la empresa.
De la misma forma, considera "probados" los incumplimientos utilizados por el Estado para iniciar el expediente de caducidad al que ahora se le da validez y que se refieren a la superación de los espesores máximos de yeso depositados, a la presentación de planes quinquenales o a la utilización de una de las balsas de decantación como vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Huelva, entre otros.
