Pide al presidente español que nombre a expertos independientes y organizaciones para velar por un correcto cumplimiento del acuerdo.
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ONG internacional Human Right Watch (HRW) ha remitido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que denuncia la falta de garantías del convenio sobre menores no acompañados suscrito en Rabat entre ambos países el pasado mes de marzo. Este convenio supone la elevación a categoría de acuerdo de un memorando de entendimiento hispano-marroquí de 2003, y fue firmado en la última Cumbre Hispano-Marroquí.
La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, está fechada el pasado 2 de abril y firmada por la directora de la División de Derechos del Niño de HRW, Lois Whitman, y la investigadora Simone Troller. La misiva fue remitida también a otros 13 altos cargos del Gobierno español, representantes del Parlamento, autoridades marroquíes y responsables de organismos internacionales.
Además, apelan al jefe del Ejecutivo para que garantice el nombramiento de expertos independientes y organizaciones, entre ellas un representante de ACNUR, con el fin de que formen parte del comité de supervisión que se establecerá en virtud del acuerdo. Así, señala que el comité de supervisión debe comunicar públicamente sus conclusiones y recomendaciones y, con los medios y recursos necesarios, abordar la cuestión de si la aplicación del acuerdo respeta las leyes y las normas del derecho internacional de derechos humanos.
REMITIÓ OTRA CARTA EL 9 DE ENERO.
"Después de nuestra carta, fechada el 9 de enero, en relación con el acuerdo de readmisión entre España y Marruecos para los menores no acompañados, volvemos a ponernos en contacto con Su Excelencia para expresarle nuestra preocupación por la reciente conclusión del acuerdo", señalan las autoras. En aquella primera carta, remitida antes de la celebración de la Cumbre, la ONG recordaba a Zapatero que el acuerdo para la repatriación de menores extranjeros marroquíes que tenía previsto suscribir el Gobierno español debía salvaguardar los derechos humanos de los afectados.
En este sentido, aunque manifiestan su satisfacción por la elevación del memorando a acuerdo, recuerda que ello debería suponer la corrección de "algunas de las peores disposiciones" del texto original. Al mismo tiempo valora que el acuerdo haga referencia al derecho nacional e internacional y reconozca explícitamente la obligación de respetar los derechos salvaguardados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN).
Sin embargo, critica que no se pronuncie sobre salvaguardas fundamentales durante los procesos de repatriación, como las garantías explícitas del derecho del niño a representación legal y su derecho a ser escuchado (artículo 12 de la CDN).
"Teniendo en cuenta el historial de repatriaciones de menores no acompañados a situaciones peligrosas en Marruecos, esta ausencia de garantías específicas plantea graves preocupaciones sobre la efectividad del acuerdo para salvaguardar a estos niños", advierte.
NO DEFINE EL "MEJOR INTERÉS DEL MENOR"
Además, recalca que el acuerdo carece de directrices sobre cómo determinar el "mejor interés del menor" teniendo en cuenta una variedad de factores, como la seguridad, las condiciones socioeconómicas y los arreglos para su cuidado en el país de origen; así como la continuidad de la educación del niño y el nivel de integración en el país de acogida.
Por todo ello, esta organización internacional entiende que no existen garantías de que el retorno de un niño conforme a este acuerdo represente una solución segura y duradera que redunde en el mejor interés del menor.
"Si no se especifican dichas disposiciones fundamentales, existe la duda de que la manera en que se realizan las repatriaciones de niños desde España vaya a cambiar significativamente --explica--. Dicha práctica hizo que niños bajo la tutela del Estado fueran trasladados por la fuerza en medio de la noche desde sus centros de acogida sin una notificación previa de su repatriación y, en un caso, sin que el menor tuviera acceso a tratamiento medico vital después de su deportación".
TEMOR A FACILITAR LOS DATOS DEL MENOR.
También manifiesta su preocupación por el hecho de que el acuerdo requiera requiera que el gobierno español transmita detalles sobre la identidad del menor no acompañado y sus antecedentes familiares a las autoridades marroquíes en el plazo de un mes.
En opinión de la organización, esta disposición puede poner en peligro a los niños que huyan de la persecución, lo que incluye las formas de persecución específicas para la infancia, y a sus familiares, especialmente si estos menores no tienen acceso a los procesos de asilo.
"Este es especialmente el caso en las Islas Canarias, uno de los principales puntos de entrada de niños procedentes de Marruecos, donde las recientes investigaciones de Human Right Watch indican que los menores carecen de información o acceso al proceso de asilo", añade..
Finalmente, pide que se garantice que la aplicación del acuerdo de readmisión sea totalmente compatible con las leyes y normas nacionales e internacionales, particularmente las recogidas en la CDN, y que cada repatriación sea una solución segura y duradera adoptada en el mejor interés del menor.
El texto ha sido enviado también a los ministros de Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente; la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí; el director general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Arturo Avelló Díez del Corral.
Igualmente, fue remitido a otras representantes españoles, como el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Josep Antoni Durán i LLeida; la presidenta de la Comisión de Interior, Carmen Hermosín Bono; la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Carmen Marón Beltrán; y el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica Herzog.
Además, la misiva fue enviada a la secretaria de Estado de la Familia, la Infancia y las Personas con Discapacidad de Marruecos,Mme Yasmina Baddou; al alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres; al relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, Jorge A. Bustamante; al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg; y a la vicepresidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, Joyce Aluoch.
