SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Benigno Varela lamentó hoy la "ausencia absoluta de instrumentos útiles" a nivel jurídico para atender "las distintas clases de discapacidad", especialmente, dijo, la de las personas con inteligencia límite, esto es, las que "se encuentran en la zona fronteriza entre la capacidad y la incapacidad".
En rueda de prensa con motivo de su intervención en el curso 'La defensa jurídica de las personas vulnerables' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, el magistrado consideró que "aplicar a estas personas con inteligencia límite, que tienen una facultad de autogobierno inmensa, el único remedio que en este momento existe en el Código Civil, que es la incapacitación judicial, es un solemne disparate".
Al igual, según explicó, que "sacar" de la enseñanza "normal" a los niños con esta discapacidad para internarlos en centros especializados. Según Varela, deben permanecer en "centros normales", eso sí, "con atención a grupos reducidos", una forma de enseñanza que suele darse "en los centros privados". "Pero el Estado democrático y de derecho está para algo" y "así como tenemos que atender la pobreza material, hay que atender la pobreza intelectual", aseveró.
Para el magistrado del TS "la discapacidad ya no parte de un concepto médico", sino "de un concepto social" y, por ello, consideró necesario que en la actualidad se hable "más que de la rehabilitación del discapacitado, de la rehabilitación de la sociedad para que se acostumbre al hecho de la diferenciación".
En el extremo de la discapacidad se encuentran, según manifestó, las personas con inteligencia límite, a las que hay que dotar de "de tratamiento doctrinal, jurídico" diferenciado, como el que "afortunadamente existe ya en el derecho extranjero", dijo, citando expresamente a Italia y Francia.
En esos países se ha creado una figura que "sin llegar a encarnar la de tutor" y "sin la declaración de incapacitación", que "estigmatiza", asume "la defensa y protección de las personas con inteligencia límite".
Son "una especie de vigilantes o ayudantes" de las personas con este tipo de discapacidad, que aunque tienen un "autogobierno casi total" son "más débiles que los demás y pueden ser víctimas de engaño con más facilidad", precisó.
Por último, el magistrado lamentó que en España "se hayan perdido oportunidades magníficas como la de la Ley de Patrimonio Protegido, del 2003, que se pudo haber utilizado para establecer unos mecanismos de ayuda y de protección 'ad hoc' para estas personas".
PROBLEMAS DE ADOLESCENCIA.
Por otro lado, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Félix Pantoja García, que participa en el mismo seminario con la ponencia 'La protección jurídica de los menores desamparados en el ámbito civil y penal' abogó por la "especialización" de los juzgados en cuestiones que afecten a los adolescentes.
Desde su punto de vista, en lo que se refiere a la adolescencia y preadolescencia "queda mucho por hacer", en los casos en los que los jóvenes desbordan "el marco familiar".
En este sentido, consideró que la posibilidad de rebajar la edad penal a los 12 años como solución a la atención de los problemas que afectan a estos menores "no es algo acertado, sino más bien disparatado", por lo que apostó por la búsqueda de "soluciones sin recurrir a la vía penal".