MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un 52% de los casos de personas con discapacidad intelectual víctimas de abusos que llegan a juicio y se enfrentan al proceso solos acaban archivados, según un informe de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que se ha presentado este jueves.
Este porcentaje se reduce hasta un 10% cuando las víctimas con discapacidad se enfrentan al proceso judicial con la ayuda de expertos facilitadores que "ayudan a derribar el sinfín de barreras" que se encuentra este colectivo, según el estudio.
Según explica la UAVDI, el experto facilitador evalúa las capacidades que afectan a la manera de emitir el testimonio y ofrece los apoyos para que se efectúe con las mejores garantías y previniendo la victimización secundaria.
El estudio muestra que en 2014 la UAVDI atendió 85 casos de violencia doméstica, de género, delitos de lesiones y delitos contra la libertad e indemnidad sexuales contra menores y adultos con discapacidad intelectual, 12 casos más que en 2013. En total, desde 2010 la UAVDI ha atendido 245 casos.
De los datos se desprende que un 74% de los casos son derivados dentro de la Comunidad de Madrid y un 26% proceden de otras comunidades autónomas. El 71% de las personas con discapacidad intelectual víctimas de abusos que acuden a UAVDI son mujeres frente al 29% de hombres y el 54% son adultos.
Por tipo de delito, el 69% de las derivaciones corresponden a delitos de abusos o agresiones sexuales; el 15% a delitos de maltratos físicos y el 16% a situaciones de negligencia, acoso o extorsión.
Atendiendo a los casos de abusos sexuales, en el 99% de ellos, los agresores son personas conocidas --familiares, amigos, vecinos o compañeros-- y en el 30% de los casos son abusos intrafamiliares.
En cuanto al aviso, un 73% de las veces proviene de los profesionales de los servicios de atención directa a personas con discapacidad intelectual, los Servicios Sociales y Centros de Salud; un 19%, de la propia familia; y un 6%, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Solo el 2% de las víctimas acuden por ellas mismas a solicitar asistencia.
En cualquier caso, el 63% de los casos no son denunciados lo que demuestra, según el informe, "la poca confianza que tiene el colectivo, sus familiares y profesionales en el sistema de justicia a la hora de abordar estos casos". Concretamente, consideran "especialmente alarmante" que solo un 20% de los casos de abuso sexual a menores con discapacidad intelectual son denunciados.
GUÍA DE INTERVENCIÓN POLICIAL
Por otro lado, se ha presentado la guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual, en su versión adaptada al Cuerpo Nacional de Policía, en la que se recogen: las claves para detectar la discapacidad intelectual; los mitos que pueden condicionar la intervención policial --como que las personas con discapacidad son problemáticas, que son como niños o que tienen una sexualidad diferente--; y los aspectos legales a considerar.
Entre los aspectos legales a tener en cuenta, la guía destaca: los derechos de las personas con discapacidad a que se introduzcan las adaptaciones necesarias a lo largo de la investigación policial y judicial; la figura de la incapacitación legal como medida contraria al espíritu de la Convención, que aboga por las diferentes tipologías de apoyo en función de las necesidades individuales; y la denuncia y la obligatoriedad de que ésta sea recogida siempre.
Asimismo, en el documento se instruye a la policía sobre cómo debe ser la entrevista a la persona con discapacidad teniendo en cuenta las particularidades de su discurso y utilizando preguntas abiertas "por el riesgo de contaminar el testimonio de las personas con discapacidad intelectual si se utilizan preguntas cerradas" ya que "suelen responder en los términos en los que está formulada la pregunta".
También habla de las herramientas útiles como la hoja de derechos en versión fácil lectura o la presentación del servicio de facilitadores de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual.
La presentación de este balance forma parte de la campaña 'NO+ABUSO' puesta en marcha por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y la Fundación MAPFRE con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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