Un activista por los derechos humanos mantendrá una huelga de hambre hasta que Rodríguez Zapatero le reciba
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Diversas ONG, junto con el partido Los Verdes, registraron hoy en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el Gobierno español, entre otros motivos, por haber creado un "pequeño Guantánamo" en Mauritania con los extranjeros del buque Marine I, llevando a cabo un "fraude de ley", según explicó hoy uno de los portavoces de estas organizaciones, Jesús Hidalgo.
Hidalgo explicó, además, que el pasado 14 de marzo inició una huelga de hambre, debido a la cual ya ha perdido 15 kilos, y que permanece todos los días ante el Congreso de los diputados de 11,00 horas a 16,00 de la tarde con el objetivo de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reciba a las organizaciones y escuche las críticas y denuncias al Ejecutivo español en la gestión de la crisis del Marine I.
La denuncia ha sido suscrita por Asociación Cultural Página Roja, Asociación Interculturas de Málaga, Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España (ATRAIE), Colectivo Queda la Palabra, Los Verdes, Federación de Asociaciones Panafricanas, Fundación Vida y grupo ecológico Verde, Paz Ahora, Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala, Plataforma Estatal por la Justicia y los Derechos de los Inmigrantes, Plataforma por Derechos Humanos de Jaén y Sindicato Obrero Inmigrante.
En opinión de los firmantes, el Ejecutivo español ha incumplido el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979 (Convenio SAR), así como la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, además de violar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Igualmente, al trasladar a Mauritania a los inmigrantes para su repatriación, considera que los ha trasladado a un lugar alegal que permitiría no aplicar la legislación española. "España ha sobornado a un país pobre para que se haga cargo de estos extranjeros", aseguró Hidalgo.
En su relato de los hechos, explicó que España contravino el Convenio SAR porque, tras enviar un barco a socorrer al Marine I, averiado a 400 millas del sur de Canarias el pasado mes de enero, con 369 inmigrantes irregulares a bordo, lo trasladó hacia las costas mauritanas sin que se prestara asistencia médica a los ocupantes, que permanecieron 12 días en alta mar antes de desembarcar en Mauritania. Asimismo, recordó que este país no es firmante del Convenio SAR y el de la ONU ni respeta los derechos humanos, por lo que no debieron ser trasladados hasta allí.
CONDICIONES INFRAHUMANAS
Además, denuncia las condiciones infrahumanas en las que los extranjeros han permanecido en Mauritania, en una nave de pescado, durante más de 40 días y señaló que todavía permanecen en ella 23 extranjeros. Los denunciantes también se preguntan en virtud de qué acuerdo bilateral la policía española pudo ejercer funciones extraterritorialmente con ciudadanos extranjeros.
De igual modo, puso de manifiesto que 35 personas de origen africano fueron trasladadas a Cabo Verde, ciudad de la que ni son nacionales ni salieron, por la situación de estado de sitio que se vivía en Guinea Conakry, desde donde se supone que salió el buque. "Tenemos noticias de que estas personas han sido encarceladas y torturadas", aseguró.
Los denunciantes exigen el traslado a España de los 23 extranjeros que permanecen en Mauritania y de las 35 personas llevadas hasta Cavo Verde y piden al Fiscal que depure las responsabilidades oportunas entre las autoridades españolas por la violación de derechos humanos. Del mismo modo, solicitan que se apliquen a partir de ahora las garantías propias de un Estado de Derecho como es España y se protejan los derechos humanos básicos de todas las personas.
"Ahora estamos asistiendo al oscurantismo con el que se está intentando resolver la situación del 'Happy Day' --añadió Hidalgo--. Parece que España y Europa quieren resolver estas crisis en lugares donde no se pueda denunciar la violación de los derechos humanos". En este sentido, aseguró que otros 60 barcos esperan en el continente africano para tomar rumbo a Europa. Los denunciantes tienen previsto elevar estas denuncias también ante la ONU y el Consejo Europeo.
