MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley por el que se regula la prestación de 2.500 euros a las madres y lo remitió a las Cortes para su trámite urgente, con el fin de que se comience a percibir a partir del próximo mes de diciembre.
En línea con el informe presentado la semana pasada, la norma regulará esta nueva prestación de pago único, con carácter retroactivo, de tal manea que la puedan recibir todas las mujeres que hayan tenido un hijo desde las 00,00 horas del 3 de julio, fecha en la que se produjo el anuncio por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta ayuda la recibirán todas las personas que residan de manera legal en España, en el caso de los extranjeros, al menos 2 años. Según informó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Ejecutivo prevé un sistema "lo más sencillo posible", a través de la ventanilla única.
La Administración cuenta ya con un modelo de solicitud que estará disponible a partir del próximo lunes en las oficinas de la agencia tributaria, así como en las páginas de Internet de los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo. Además, pondrá en marcha dos teléfonos gratuitos de información.
Una vez que entre en vigor la norma, previsiblemente el próximo mes de noviembre, el Gobierno espera que los pagos empiecen a realizarse al mes siguiente, en diciembre, en el caso de las mujeres que ya hayan sido madres. Con posterioridad, las ayudas se cobrarán también un mes después de la solicitud.
De la Vega insistió en que esta ayuda será universal y se acumulará al resto de prestaciones, como la paga de cien euros que perciben las madres trabajadoras durante los tres años siguientes al parto.
La vicepresidenta manifestó la preocupación del Gobierno por la situación de las familias y situó esta medida en el marco de otras iniciativas puestas en marcha este año, como la Ley de Igualdad y el salario básico que reciben las madres que no hayan cotizado lo suficiente.
Por último, De la Vega recalcó que "no hay ningún problema financiero para abordar la prestación económica" contemplada en el proyecto de Ley ni cuenta con informe negativo de la Intervención General del Estado.
